Irapuato, Guanajuato. Virginia Olmos añora que, igual que ella, sus hijos disfruten la belleza de Aldama, su comunidad de origen cuya principal característica es su paisaje natural que se distingue por la presencia de manantiales, arroyos, cerros y una vegetación dominante de especies como nopal, maguey, huizache y mezquite rodeados de cultivos agrícolas.
Pero esa añoranza de esta mujer, de 31 años, se vio amenazada en marzo de 2020 cuando escuchó los primeros rumores que le advertían de la instalación de un relleno sanitario para residuos sólidos urbanos de manejo especial en su comunidad, el cual operaría la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V, mejor conocida por sus siglas como PASA.
Los rumores no tardaron en confirmarse. El propio Alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz, le confirmó durante una gira de trabajo en la comunidad de Aldama que allí se instalaría un relleno sanitario cuya construcción y operación será privada, a través de la empresa PASA, la cual lidera el manejo de residuos en México.
Cuando el Alcalde confirmó en un acto público que el relleno sanitario se instalaría en el predio “El Varal”, ubicado a poco más de un kilómetro del centro de Aldama, inmediatamente enfrentó el reclamo de Virginia y de los habitantes de la comunidad quienes le reprocharon que se pretendiera transforma ese poblado en un depósito de “basura”.
Virginia y sus vecinos le advirtieron al Alcalde que no permitirían la instalación de un relleno sanitario en su comunidad porque la operación de tal infraestructura amenaza sus fuentes naturales de abastecimiento de agua y la preservación del corredor biológico que se extiende desde la punta de los cerros que rodean al predio “El Varal” hasta los manantiales y arroyos que atraviesan Aldama.
Pero apenas percibió la oposición de Virginia y sus vecinos al proyecto privado, el panista Ricardo Ortiz lanzó una amenaza diciendo que se “llevaría” a quien se oponga al proyecto.
“El Alcalde vino a entregar unos apoyos. Nos acercamos a él, de manera cordial, a cuestionarle y ese día fue que tuvimos la confirmación. Le dijimos que si veíamos entrar camiones de la empresa no los íbamos a dejar pasar. Él se molestó mucho y dijo que si no dejábamos pasar los camiones, él nos iba a llevar, ´me los llevo´, nos dijo”, recuerda Virginia mientras recorre las calles de su comunidad.
La amenaza del Alcalde quedó grabada en un video que fue compartido entre los propios habitantes de la comunidad.
Virginia, una mujer de mediana estatura, ojos castaños, cejas gruesas y enérgica de carácter, se puso en alerta. No soporta la idea de que su comunidad se convierta en sede de un relleno sanitario de residuos de manejo especial y le enoja muchísimo que, ni ella, ni sus vecinos hayan sido consultados e informados por las autoridades municipales y estatales.
“La empresa PASA ya tiene todos los permisos pero como comunidad no vamos a parar hasta lograr que se lleven su relleno. ¿Por qué no piensan mejor en venir a ponernos un parque para nuestros hijos?, ¿Por qué el Gobierno no piensa en instalarnos algo diferente que no sea contaminación?”, cuestiona Virginia al mismo tiempo que contempla uno de los manantiales de Aldama.
Una vez que el Alcalde les confirmó que se instalaría el relleno sanitario en su comunidad, Virginia movilizó rápidamente a los habitantes de Aldama para emprender una lucha de resistencia y encontró tal apoyo de los vecinos que conformaron el colectivo “Unión Comunitaria Aldama Jaripitio”.
En pleno pico de la pandemia de Covid-19 y en un Estado que registra una escalada de violencia letal, los habitantes de Aldama lograron pasar de la invisibilización en la que los sumergieron las autoridades estatales y municipales, a la visibilización de ellos mismos como agentes en la primera línea de la defensa de su territorio.
Con cubrebocas en el rostro, pancartas y al grito de “¡No al relleno sanitario!”, “¡No al basurero!”, el 5 de septiembre tomaron la carretera federal León-Irapuato y denunciaron ante los medios de comunicación que el Gobierno de Guanajuato y la Alcaldía de Irapuato otorgaron permisos para la instalación de un relleno sanitario privado, sin consultarles ni informales nada del proyecto.
De manera interna, el colectivo también se organizó para evitar que la pandemia de Covid-19 frenara la lucha por la defensa de su territorio. En primer lugar, acordaron buscar acercamientos con las autoridades municipales de Irapuato para exponer las razones que tienen para oponerse al relleno sanitario y lanzaron una petición en la plataforma Change.org
También recolectaron firmas entre los habitantes de Aldama y de otras comunidades aledañas para respaldar la exigencia de que no se construya el relleno sanitario en el predio privado conocido como “El Varal”, de 62 hectáreas, con vocación agrícola.
En segundo lugar, acordaron reunirse de manera presencial en pequeños grupos con el fin de rastrear información de la empresa PASA. Para asistir a estos grupos de trabajo, es indispensable portar cubrebocas y, además, habilitaron una cuenta de Facebook para dar a conocer a la población toda la información que lograran obtener del proyecto.
No obstante, el acceso a la información resultó todo un peregrinaje para los habitantes de Aldama. Aunque recurrieron a las autoridades municipales y estatales, así como al Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP) para el Estado de Guanajuato, en las tres instancias se les negó su derecho a conocer el proyecto, así como las autorizaciones que la empresa obtuvo.
En el Ayuntamiento de Irapuato les negaron el acceso a la información municipal sobre la ejecución del proyecto y la copia del permiso de uso de suelo que autorizó el Municipio a la empresa PASA para la construcción del relleno sanitario. En la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) del Estado de Guanajuato les negaron su derecho a conocer de manera íntegra el expediente de impacto ambiental que expidió esta autoridad favor de la empresa.
“Nos reunimos grupos pequeños, unas 15 o 20 personas. Posteriormente damos a conocer los acuerdos en una página de internet que se llama Aldama Jaripitio. Allí subimos videos, información, lo que nos contestan las autoridades, las negaciones de permisos. En Acceso a la Información no nos han dado nada, todas las solicitudes nos han sido negadas. Nosotros hemos pedido información, copia de las autorizaciones y no se nos ha dado ningún material, todo nos ha sido negado”, denuncia Virginia en entrevista con Evlyn.Online
La comunidad de Aldama se localiza sobre la carretera federal León-Irapuato y se estima que tiene una población de más de 5 mil habitantes. Aquí, la mayoría de la gente se conoce y es común que conforme se caminan las calles, los habitantes le saluden con familiaridad. La principal fuerza laboral son los jóvenes que se emplean en los parques industriales aledaños al corredor industrial de esta zona aunque también hay una fuerza productiva importante entre las mujeres y hombres que se dedican a las actividades agrícolas, empleándose en el cultivo de maíz y granos de temporada.
Miguel Olmos está parado en “La Tinajita”, un manantial ubicado a un metro del predio “El Varal”, donde la empresa PASA pretende instalar el relleno sanitario y reprocha que sus fuentes de agua estén amenazadas por infraestructura privada que albergará desechos de manejo especial.
“Este arroyito llega y se junta con otros que bajan de cerros más arriba, cruza por en medio de Aldama entonces, si a nosotros nos llegan a contaminar este río, hay muchas líneas de agua subterránea. Vea qué agua tan limpia, tan hermosa, tan azul, no se vale. Nosotros como comunidad estamos totalmente en contra de ese relleno, no queremos nada, tenemos muchas áreas naturales muy bonitas, no sería viable que nos pongan aquí un relleno”, dice Miguel.
Cuando Miguel se refiere a las áreas naturales señala los campos rodeados de cerros cubiertos por nopales, mezquites, huizaches y magueyes. Este paisaje se conjuga con el sonido del agua que cae sobre arroyos y manantiales.
Los habitantes de Aldama tienen aprecio por los cuerpos de agua cuyo cauce atraviesa la comunidad porque algunas personas recurren directamente a los manantiales para saciar la sed o a los arroyos para bañarse.
El paisaje natural también es muy apreciado aquí porque ofrece la oportunidad de proveer comida. Ahora mismo cae la tarde en esta comunidad y un ama de casa junto a su esposo están cortando nopales. Mientras él los corta directamente de la planta, ella les quita las espinas y los va almacenando en una cubeta que tiene a su lado.
“El relleno es una bomba ambiental. Nos están contaminando todos los mantos acuíferos, la contaminación del agua va pasar por todos los centros educativos porque el arroyo atraviesa la comunidad. Ellos aquí no viven, ellos ganan y se van, los afectados vamos a ser nosotros”, dice Carmen Barbosa, quien tiene 60 años viviendo en Aldama.
Juan Manuel Solórzano, quien es nativo de la comunidad de Aldama, reprocha la opacidad con la que las autoridades estatales y municipales otorgaron los permisos a la empresa PASA.
“Se me hace bastante lamentable el actuar de las autoridades porque todo este tema lo han manejado muy oculto. Como comunidad nos merecemos que nos informen y nadie nos ha informado, yo llevo toda mi vida viviendo aquí, 40 años, y el hecho de que me pongan un relleno sanitario eso acaba con mis esperanzas. Me gustaría que mis hijos conocieran la belleza del campo, mi comunidad se caracteriza por personas del medio agrícola y quieren meter un relleno en un lugar que no es el correcto”, añade Juan Manuel.
Rita Hernández dice que nunca había sentido una amenaza de una empresa que pretendiera afectar a su comunidad, pero es precisamente ahora que PASA prevé instalar un relleno sanitario cuando ve a la población más unidad en la lucha por la defensa de su territorio.
“La comunidad de Aldama, por primera vez yo la veo unida diciendo: ´no queremos ese relleno´, porque a la larga nos va a traer muchas enfermedades. Lo que más me preocupa es que ese relleno va a contaminar el medio ambiente y nuestros pozos de agua están situados en ese lugar. No es justo que en vez de que nos hagan crecer en Aldama, nos quieran poner ese relleno que nos va afectar a todos”, afirma Rita.
Después de meses de no obtener información del relleno sanitario por parte de las autoridades estatales y municipales, los habitantes de Aldama gestionaron la defensa legal a través de un equipo de abogados y promovieron dos juicios de amparo indirecto ante los Juzgados Federales Noveno y Décimo de Distrito en Irapuato.
A través de la estrategia de defensa legal, los habitantes de Aldama reclamaron, entre otros actos, la ilegal e indebida emisión del permiso de uso de suelo para la disposición final de residuos de manejo especial.
También reclamaron la negativa de proporcionarles el acceso a la información municipal sobre la ejecución del relleno sanitario, el procedimiento de impacto ambiental mediante el cual se permite la operación de un sitio de disposición final de residuos en su comunidad y la omisión de las autoridades en darle efectividad al derecho a un medio ambiente sano.
El 5 de octubre, el Juzgado Noveno de Distrito concedió a los habitantes de Aldama la suspensión definitiva para que la empresa PASA no pueda realizar ninguna obra en el predio “El Varal” hasta que termine el juicio. En tanto, el Juzgado Décimo les notificó que debido a la pandemia de coronavirus la audiencia en la que la empresa también deberá defenderse, se llevará a cabo hasta marzo de 2021.
Los habitantes de Aldama reconocen que la intervención de los abogados resultó estratégica para defender su territorio y aunque por ahora tienen una suspensión definitiva, saben que la lucha no ha terminado. Al menos no hasta que concluya el juicio y el Ayuntamiento de Irapuato y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (SMAOT) cancelen los permisos que le otorgaron a la empresa PASA.
Además, luchan porque se mantenga la vocación agrícola del predio “El Varal” en el proyecto de modificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET).
La red de corrupción en Guanajuato que avaló el relleno de PASA
Una red de corrupción que se configuró desde 2017 entre autoridades federales, estatales y municipales en Guanajuato permitió que la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V, mejor conocida por sus siglas como PASA, obtuviera el aval para construir y operar un relleno sanitario en la comunidad de Aldama, Irapuato, sin informar y ni tomar en cuenta a los habitantes de la zona.
De acuerdo con información oficial recabada por Evlyn.Online, el 20 de diciembre de 2016 la empresa PASA compró a un particular el predio “El Varal”, ubicado en la comunidad de Aldama, con el objetivo de construir y operar un relleno sanitario.
El terreno con uso de suelo agrícola se localiza dentro de la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT) 3005 del Programa Municipal de Desarrollo y Ordenamiento Ecológico Territorial de Irapuato vigente (PMDUOET).
La UGAT 3005 se identifica dentro del PMDUOET como parte de un corredor biológico con política de restauración y conservación ambiental.
Pese a que el predio donde se proyecta la construcción del relleno sanitario forma parte de un corredor biológico, la empresa continuó con sus planes de inversión y, en 2017, nombró como su representante legal a Edgardo Cabrera Barrón, hermano de Israel Cabrera Barrón, quien en ese momento se desempeñaba como Delegado en Guanajuato de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y hoy es diputado local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El hoy diputado local del PVEM ha negado públicamente haber autorizado permiso alguno a PASA argumentando que por tratarse de un relleno sanitario, Semarnat no tenía competencia.
Sin embargo, Evlyn.Online pudo constatar que Israel Cabrera Barrón, en su carácter de Delegado Estatal de la Semarnat, expidió el 6 de septiembre de 2017 un oficio en el que avala que PASA no gestione un cambio de uso de suelo forestal porque, a su consideración, el proyecto de construcción del relleno sanitario no lo requiere. Esta resolución es completamente contradictoria con la imagen satelital del predio donde la empresa pretende desarrollar el proyecto. Así, el entonces Delegado de la Semarnat en Guanajuato le acortó el camino de trámites a la empresa.
La cadena de corrupción mediante la cual las autoridades acortaron el camino de trámites a PASA se extendió hasta Catalina Razo Rosales, Directora General de Desarrollo Territorial del Instituto Municipal de Planeación de Irapuato (IMPLAN), quien mediante el oficio 1675/2017 expidió la constancia de factibilidad de “uso de suelo de servicio” para el predio “El Varal” ignorando que este sitio se identifica como un corredor biológico dentro del PMDUOET y las actividades de servicio no son compatibles.
Pero además, contrario a lo que establece el procedimiento de impacto ambiental, la titular de Desarrollo Territorial del IMPLAN otorgó la constancia de factibilidad de uso de suelo a favor de la empresa sin que esta decisión fuera avalada en sesión del Cabildo de Irapuato y peor aún, sin que el proyecto contara todavía con el permiso de impacto ambiental.
Ya en 2018, la cadena de corrupción se consolidó cuando la empresa solicitó la autorización de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) de Guanajuato.
Fue Daniel Rodríguez Betancourt, Director General de Gestión Ambiental de la SMAOT, quien sin tomar en cuenta que el relleno sanitario se pretende construir en un corredor biológico y sin evaluar el alcance del desequilibrio ecológico que podría generar la operación de esta infraestructura en la zona, otorgó en 2019 la autorización de impacto ambiental a favor de PASA.
El Director General de Gestión Ambiental de la SMAOT también fue omiso en advertir que el proceso de gestión de permisos que ya había hecho la empresa estaba plagado de irregularidades e incumplió el principio de velar por la máxima publicidad del proyecto entre los posibles afectados.
Alcalde amenaza a sus gobernados: “Si me bloquean, me los llevo”
Era el mes de agosto de 2020, la pandemia de Covid-19 ya limitaba los encuentros presenciales, pero eso no impidió que Virginia Olmos se pusiera su cubrebocas y, acompañada de sus vecinos, saliera al encuentro del Presidente Municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz, quien visitaba su comunidad para entregar apoyos tras una temporada de lluvias que causó inundaciones.
Cuando Virginia Olmos enfrentó al Presidente Municipal para exigirle que no autorice la instalación del relleno sanitario en su comunidad porque de lo contrario ella y sus vecinos bloquearían la carretera federal León-Irapuato, el Alcalde se volteó hacia ella, la señaló con el dedo y con voz enfática le respondió:
“No me amenacen. No voy a tolerar actos de indisciplina. Si me bloquean, me los llevo. Que quede muy claro”, respondió el Alcalde panista, él que con tanta facilidad amenazó a sus gobernados.
La escena, en la que el Alcalde le levanta la mano a Virginia y suelta su amenaza autoritaria, quedó gradaba en un video que registraron los habitantes de Aldama y el hecho también fue denunciado por medios de comunicación locales.
Evlyn.Online solicitó una entrevista con el Alcalde Ricardo Ortiz a través del responsable de Comunicación Social de la Alcaldía de Irapuato, Sergio Contreras, pero en respuesta, se limitó a ofrecer un audio público en el que el Presidente municipal asegura que los habitantes de Aldama “ya no se tienen que preocupar” porque ordenó que el predio “El Varal” mantenga su vocación agrícola dentro del proyecto de modificación del PMDUOET.
SMAOT invisibiliza a habitantes y autoriza relleno sanitario
La Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (SMAOT) invisibilizó a los habitantes de la comunidad de Aldama y otorgó la autorización de impacto ambiental a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V, también conocida como (PASA).
Sin garantizar el cumplimiento a la previa consulta, el acceso a la información ni la presentación pública del proyecto a los habitantes de la comunidad de Aldama, la SMAOT a cargo de la panista María Isabel Ortiz Mantilla, otorgó la autorización de impacto ambiental a PASA para instalar un relleno sanitario para la disposición final de residuos de manejo especial.
Evlyn.Online solicitó una entrevista con la titular de la SMAOT pero la Dependencia optó por expedir una ficha informativa en la que se deslinda de la obligación de velar por el cumplimiento de que la empresa comunique a los afectados directos los alcances del proyecto como parte del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
“La empresa tuvo en su momento la obligación de acercarse a la comunidad para comunicar los alcances del proyecto”, justifica la SMAOT en la ficha informativa.
De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de impacto ambiental, corresponde a la autoridad, en este caso a la SMAOT, garantizar el derecho a una reunión pública de información y promover la mayor difusión del proyecto de infraestructura entre la población interesada o posibles afectados.
Pero la SMAOT invisibilizó a la población de Aldama y, sin tomar en cuenta a los ciudadanos, expidió la autorización de impacto ambiental a favor de PASA. Esto, omitiendo asegurarse de que la empresa informara a los posibles afectados de los alcances del proyecto.
Incluso, la SMAOT dejó en manos de la empresa la presentación de un dictamen avalado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) que confirmara la viabilidad del predio donde se pretende instalar el relleno sanitario.
“El proyecto normativamente cumplió con el procedimiento en materia de evaluación de impacto ambiental por lo que se autorizó de manera condicionada. Una de las condicionantes de la autorización fue que para poder operar el relleno sanitario, éste debería contar con el dictamen aprobatorio de una unidad verificadora avalada por la Entidad Mexicana de Acreditación, (EMA). Este dictamen determina si el sitio cumple con las características de construcción que son señaladas en la Norma Oficial Mexicana 083-Semarnat-2003”, agrega la SMAOT en la ficha informativa.
Ahora que los habitantes de Aldama recurrieron a un juicio en el que ha quedado exhibida la deficiencia de la autoridad estatal en el procedimiento de impacto ambiental, la SMAOT manifiesta que “será respetuosa y se mantendrá atenta a las determinaciones que tomen las autoridades judiciales federales”.
La urgencia de los ciudadanos por movilizarse pese al Covid
Para Edmundo del Pozo Martínez, coordinador del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, la autorización de impacto ambiental que expidió la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (SMAOT) a favor de Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V también conocida como (PASA) así como el permiso de uso de suelo que dio la Alcaldía de Irapuato y el aval que hizo la Delegación de la Semarnat, es un ejemplo de la manera en la que las empresas capturan a las autoridades para lograr la aprobación de un modelo de negocio privado excluyendo a los afectados.
“Cuando un Estado es capturado en todos sus niveles por actores corporativos como las empresas, pues un primer impacto para los afectados de los proyectos es justamente que se les discrimina y están excluidos de la toma de decisión entonces, las comunidades se enteran cuando ya se han emitido permisos, se han desarrollado políticas a nivel estatal, los empresarios cabildean sus proyectos con las máximas autoridades. Entonces, ves que las reglas del juego están construidas de manera desigual, inequitativa y que los actores económicos y que las empresas tienen mucha más facilidad de imponer su agenda en los gobiernos”, plantea en entrevista.
Estos proyectos de infraestructura corporativa se desarrollan de manera discriminatoria excluyendo a los afectados y privilegiando a las empresas, apunta.
“El Gobierno se vuelve un agente al servicio de estos actores económicos y no de la ciudadanía que le votó”, agrega.
Conforme avanza la propagación de la pandemia de coronavirus por todo México, Edmundo explica que los colectivos y movimientos que están en la defensa del territorio se ven obligados a replantear sus estrategias de combate y resistencia frente a los megaproyectos.
En el caso de los habitantes de Aldama destaca que pese a la pandemia de coronavirus haya recurrido a los Juzgados federales al mismo tiempo que lejos de debilitar su activismo, encontraron la manera de adherir medidas de sana distancia y protección contra los contagios del Covid, para fortalecer su presencia pública como agentes que defienden su derecho universal al medio ambiente sano, al agua y a otros derechos sociales y de salud.
“Hay una violación de los ciudadanos a su derecho a la información y esto genera incapacidad de poderte mover en una forma efectiva por no estar informado y al mismo tiempo, de luchar contra la existencia de daños ambientales, daños a la salud, daños a la población en términos incluso de la alimentación, posibles efectos que se puedan dar por la construcción de este relleno. El impacto que va tener en las actividades cotidianas que necesita tener la población”, indica.
Los ciudadanos como posibles afectados, subraya, tiene una urgencia de movilizarse frente al silencio de las autoridades y la amenaza de un posible megaproyecto que impactará su estilo de vida.
“Cada actor político, cada organización, cada movimiento, tendrá que ver las mejores formas para evitar contagios y que no se propague la pandemia pero eso no les impide que no puedan llevar acciones en su derecho a la movilización y su derecho a la protesta que son derechos universales y que no están restringidos en el contexto de la pandemia”, añade.
Además de la evaluación de impacto ambiental, las autoridades de los tres niveles de gobierno tendrían que garantizar la evaluación de impacto social que tendrá la construcción y operación del relleno sanitario en la comunidad de Aldama previo a su aprobación, concluye Edmundo de Fundar.
Legítima, preocupación de los ciudadanos
Carlos Álvarez Flores, presidente de la organización civil México, Comunicación y Ambiente, resalta que los habitantes de la comunidad de Aldama tienen derecho a preocuparse por la instalación de un relleno sanitario en su territorio tomando en cuenta que en el País, existen 238 rellenos sanitarios pero su operación es inadecuada y representa un riesgo a la salud de la población y al medio ambiente, de acuerdo con la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“Los ciudadanos tienen derecho a preocuparse porque todos los rellenos sanitarios de este país no operan bien y sí hay afectaciones al suelo, al subsuelo, a los cuerpos de agua que es algo que a ellos les preocupa mucho. El procedimiento de impacto ambiental tenía que haber tomado a las comunidades que no solamente es Aldama sino otras aledañas al sitio en donde, en conjunto, hay más de 10 mil guanajuatenses que viven en esa zona y la consulta pública que debió haber hecho la SMAOT no se hizo nunca, no se tomó en cuenta a la población”, expone.
El experto ambiental hace énfasis en la cadena de corrupción que permitió que PASA obtuviera primero la autorización de uso de suelo de parte de la autoridad municipal de Irapuato y el aval de la Semarnat mediante el cual se exenta a la empresa de promover un cambio de uso de suelo forestal, y hasta el final, la autorización de impacto ambiental.
“Vemos que el cambio de uso de suelo municipal se dio sin tener la autorización de impacto ambiental. Ningún Municipio puede hacer un cambio de uso de suelo, primero requiere el resolutivo de impacto ambiental de la autoridad correspondiente esto jamás ha sucedido en este país y además, la SMAOT no pone a la vista del público la Manifestación de Impacto Ambiental como debe de ser para permitir que cualquier ciudadano pueda consultarla”, agrega.
Al ocultar la SMAOT la Manifestación de Impacto Ambiental del relleno sanitario que pretende operar PASA en Aldama, continúa el experto, se cancela la posibilidad de que los ciudadanos tengan garantizado su derecho a la información respecto a las implicaciones que tendrá este megaproyecto en su territorio.
La misma opacidad, señala el experto, se advierte en la Alcaldía de Irapuato ya que no entregaron a los ciudadanos de Aldama copia de la autorización de uso de suelo que se otorgó a la empresa pese a que los habitantes del lugar lo solicitaron de manera verbal y por escrito al Municipio.
“Este proyecto está plagado de irregularidades en su concepción, en su gestión y en su aprobación. Todo estuvo mal hecho y en un análisis objetivo se ve que hubo mucha voluntad de parte del Gobierno Municipal de Irapuato y de la Secretaría de Medio Ambiente de Guanajuato de ayudar a la empresa”, enfatiza Carlos Álvarez.
Enterrar residuos no es la mejor solución
María Cristina Cortinas Durán, experta en el manejo de residuos y Presidenta de la organización civil Red Queretana de Manejo de Residuos, destaca que el modelo de relleno sanitario no es la mejor solución para la gestión de los desechos de manejo especial porque sí pueden generar impactos a la salud y al medio ambiente.
“Enterrar residuos no es la mejor solución porque se descomponen o generan gases de efecto invernadero y peor si se incendian, generan carbono negro que es todavía más poderoso en término de gases de efecto invernadero. Además, sí pueden contaminar el subsuelo y los mantos acuíferos con los lixiviados y sus fugas de líquidos contaminados”, expone.
La legislación de manejo de residuos en México está basada en el principio de responsabilidad compartida y al instalar un relleno sanitario, considera que se incentiva la generación de desechos.
“Si instalas un relleno sanitario van a querer que entre una gran cantidad de residuos para hacer rentable su operación y esto va en contra de las políticas de prevención de la generación, de reúso de reciclaje. Es el momento de pensar en los residuos como recursos, no como basura que hay que enterrar”, indica.
En estos tiempos de pandemia, dice la experta, más allá de pensar en la instalación de un relleno sanitario como el que se pretende instalar en la comunidad de Aldama sin convocar a los vecinos, las autoridades deben convocar a todos los actores sociales para proponer esquemas de participación que permitan el mayor aprovechamiento de los residuos que se generan en la zona.
“Habiendo vivido lo que estamos viviendo con la pandemia que todo mundo ya tiene claro que está ligada al deterioro del medio ambiente, este es el momento de pensar de manera diferente y los Municipios no están solos pero tienen que convocarnos a todos los actores sociales, ¿por qué entrar en conflicto con los vecinos?, ¿por qué no convocarnos a todos los actores?”, cuestiona.
Cristina considera que las autoridades lejos de promover rellenos sanitarios, podrían proponer un esquema de aprovechamiento de residuos orgánicos y aquellos que son reciclables, podrían recolectarse e incentivar la consolidación de empresas sociales que empleen a mujeres, jóvenes o adultos mayores.
Los gobiernos estatales, subraya, tienen la obligación de ofrecer asesoramiento técnico a los municipios para implementar un esquema de manejo de residuos que garantice el mayor aprovechamiento de los reciclables y de los orgánicos.
PASA y sus delitos ambientales en México
Durante la última década, la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V. (PASA) fundada en 1991 por la familia Garza Santos y con sede en Monterrey, incurrió en al menos ocho delitos ambientales que derivaron en sanciones, desde multas hasta la clausura de sus instalaciones.
Una revisión hecha por Evlyn.Online a los procesos de sanción iniciados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de enero de 2010 a septiembre de 2020, revela que la empresa acumula un historial de delitos ambientales relacionados con violaciones e irregularidades en impacto y riesgo ambiental, en la generación de residuos peligrosos e incluso por descargas de aguas residuales en sitios no aptos, en deterioro del medio ambiente y la salud de las personas.
Las instalaciones de la empresa que han incurrido en delitos ambientales y que fueron sancionadas por Profepa en la última década se localizan en Ciudad del Carmen, Campeche; Piedras Negras, Coahuila; Ahome, Sinaloa; y el municipio de Centro en Tabasco.
La lista de sanciones a PASA podría ampliarse a partir de la reciente notificación que hizo la Delegación Federal en Guanajuato de la Semarnat a la Profepa en la que le advierte que la empresa obtuvo un resolutivo en 2017 de esa Dependencia, en el que se le informó que no requería un cambio de uso de suelo forestal para la instalación de un relleno sanitario en el predio “El Varal” en la comunidad de Aldama, Irapuato, lo cual señala que fue un argumento que no aplica acorde al análisis de las imágenes satelitales.
Por lo anterior, en un oficio expedido el pasado 27 de agosto, la Delegación de la Semarnat le solicita a Profepa investigar si PASA cuenta con las autorizaciones federales en materia forestal y de impacto ambiental.
Evlyn.Online pudo confirmar que la empresa, hasta ahora, no cuenta con ninguna autorización federal ya que en su momento, el hoy diputado local del PVEM, Israel Cabrera Barrón, exentó a PASA de promover la autorización en materia forestal.
PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN CONTRA PASA EN LA ÚLTIMA DÉCADA
Fuente: Profepa
2010: Multa por delito ambiental relacionado con la generación de residuos peligrosos en Ciudad del Carmen, Campeche.
2012: Multa por delito ambiental relacionado con irregularidades en los servicios de manejo de residuos peligrosos en Piedras Negras, Coahuila.
2014: Multa por delito ambiental relacionado con generación de residuos peligrosos en Piedras Negras, Coahuila.
2015: Multa por delito ambiental relacionado con generación de residuos peligrosos en Ciudad del Carmen, Campeche.
Además, en este año la empresa también fue multada por el delito ambiental relacionado con descargas de aguas residuales en el municipio de Centro, Tabasco.
2016: Clausura total temporal y multa por delito ambiental relacionado a deficiencias en servicios en materia de residuos peligrosos en Piedras Negras, Coahuila.
2018: Clausura parcial temporal por delito ambiental relacionado con impacto y riesgo ambiental en Ciudad del Carmen, Campeche.
En este mismo año, PASA fue multada luego de que la Profepa acreditó delito ambiental relacionado con servicios en materia de manejo de residuos peligrosos en Ahome, Sinaloa.
2020: Profepa investiga si PASA cuenta con las autorizaciones federales en materia forestal y de impacto ambiental para operar un relleno sanitario en la comunidad de Aldama del municipio de Irapuato, Guanajuato.