Por: Arcelia Maya
Tijuana.- Desde hace 20 años, en Baja California, 12 integrantes de la familia Zaragoza Fuentes controlan 58 permisos para el almacenamiento, distribución, comercialización, expendio y transporte de gas licuado del petróleo, pero ni el gobierno federal ni local los han sancionado por el control que mantienen del mercado.
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó, de 1999 al 2019, autorizaciones a seis empresas administradas por los hermanos Miguel Zaragoza Fuentes y Tomás Zaragoza Fuentes, quienes enfrentan acusaciones de frenar en la entidad el ingreso de nuevos competidores, tal como se publicó el pasado lunes 23 de noviembre en el periódico El Universal.
Esta investigación revela que 12 integrantes de la familia Zaragoza ocupan posiciones de presidentes, vicepresidentes, tesoreros, accionistas y secretarios en cinco empresas de Grupo Zeta Gas –que integra Zeta Gas de Baja California S.A. de C.V., Baja Gas and Oil de México S.A. de C.V., Compañía de Gas de Tijuana S.A. de C.V., Compañía de Gas de Ensenada S.A. de C.V. y Gas Butano Propano de Baja California S.A. de C.V–, así como de una empresa de Grupo Tomza –Gas Silza S.A. de C.V.–, de acuerdo con más de 90 actas notariadas consultadas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio.
Entre 2005 y 2007, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) indagó a los hermanos Miguel Zaragoza Fuentes y Tomás Zaragoza Fuentes por presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado del gas, pero no en Baja California, sino en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
En el expediente DE-08-2005-I, Miguel Zaragoza, quien representaba a 23 compañías de Grupo Zeta Gas, denunció a su hermano Tomás Zaragoza, de Grupo Tomza, y a un conjunto de empresas que presuntamente acordaron acciones conjuntas para la manipulación o fijación del precio de venta al consumidor de gas LP, restringieron el abasto y dividieron el mercado.
Un excomisionado de la Cofece detalló para este reportaje que, en ese momento, los hermanos Zaragoza Fuentes argumentaron no tener ligas entre sí, administrar empresas independientes y estar peleados. En ese momento, la Comisión no acreditó prácticas monopólicas absolutas en la ZMVM.
A 15 años de esta indagatoria que se hizo en el centro del país, ahora se encontró que las empresas de Grupo Zeta Gas y Grupo Tomza controlan 58 de los 92 permisos autorizados por la CRE en Baja California.
Maquinan empresas
Zeta Gas es el grupo empresarial más diverso que a través de cinco compañías, encabezadas por Miguel Zaragoza Fuentes junto con sus seis hijos, su esposa y su exesposa, controlan 27 permisos de la CRE.
Compañía de Gas de Tijuana es la empresa que lleva más tiempo operando pues su primer documento notarial inscrito en el Sistema Integral de Gestión Registral (Siger) está fechado en 1946. Miguel Zaragoza y Evangelina López Guzmán, su exesposa, presiden el consejo de administración (ella como suplente). Al indagar en bases de datos de la CRE se identificó que esta empresa cuenta con 11 permisos operando.
En tanto, la Compañía de Gas de Ensenada registró un documento fechado desde 1985 y mantiene a Miguel Zaragoza como presidente y su actual pareja, Elsa Esther Carrillo Anchondo, quien es tesorera del consejo de administración. La compañía tiene 10 permisos vigentes.
La Compañía de Gas de Tijuana absorbió en 2012 a la empresa Zeta Gas de Baja California, que se constituyó en el 2007 y su presidente era Jesús Alonso Zaragoza López, hijo de Miguel Zaragoza Fuentes. La empresa obtuvo un permiso para el almacenamiento de gas.
También, la Compañía de Gas de Tijuana absorbió en el 2016 a la empresa registrada con el nombre de Gas Butano y Propano de Baja California que se constituyó en 1987 y mantenía a Miguel Zaragoza Fuentes como presidente. El negocio logró cuatro autorizaciones de la CRE.
La razón social recién creada es Baja Gas and Oil de México que se constituyó en el 2016 y reconoce como representante a Evangelina Zaragoza López, hija mayor de Miguel Zaragoza. La compañía cuenta con un permiso para distribución de gas por medio de ductos.
El otro grupo empresarial es Tomza, donde se ubica la empresa Gas Silza que se constituyó en 1990 y es presidida por Tomás Zaragoza Fuentes junto con sus hijos Enrique y Tomás Zaragoza Ito, quienes son vicepresidente y tesorero del consejo de administración, respectivamente. Tan sólo esta compañía controla 31 autorizaciones de la CRE para el almacenamiento, expendio y distribución de gas en Baja California.
Al preguntarle a la Cofece sobre el actuar de estas seis empresas, el órgano autónomo respondió que no puede opinar porque a nivel nacional mantiene dos investigaciones en curso. En febrero del 2018, la Cofece inició la indagatoria DE-022-2017 sobre prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la distribución y comercialización de gas LP.
En marzo del 2019 abrió la investigación DE-044-2018 sobre prácticas monopólicas relativas en el mercado de la importación, comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de gas licuado de petróleo. La institución antimonopolios informó que las dos indagatorias están en proceso y se mantienen en el tiempo establecido por la ley para entregar los resultados correspondientes.
Hasta el cierre de la edición de este reportaje, la CRE manifestó no tener una opinión al respecto.
También se buscó a las empresas de la familia Zaragoza. Se envió un correo electrónico al área de mercadotecnia de grupo Zeta Gas y al área de atención a clientes de grupo Tomza solicitando su postura sobre el control que tienen de permisos ante la CRE, pero hasta el cierre de la edición no contestaron el mensaje.
Competidores frenados
José María Moreno, encargado de relaciones públicas de la empresa Súper Gas, acusa que desde hace 3 años su compañía ha intentado entrar al mercado del gas en Tijuana, sin éxito. La empresa tiene detenidos 10 proyectos para la instalación de estaciones de servicio, en los que preveía invertir 100 millones de pesos en la primera etapa y generar 400 empleos directos.
Moreno evoca los casos de las empresas Rivera Gas, Kino Gas, Diesgas, Gas Natural y Blue Propane, que desde hace 10 años también buscan ingresar al mercado, pero han sido frenados por sobrerregulaciones que impone ilegalmente el ayuntamiento de Tijuana.
“En Baja California existe un duopolio de muchos años. Silza y Zeta, de muchos años, vienen manejando ellos el control de la distribución de gas LP en Baja California. Principalmente ellos, sé que hay otras marcas, pero principalmente ellos son los que tienen ese control del mercado, y nosotros especulamos que hay un contubernio con el municipio para que no participen otras compañías en la distribución del gas LP”, acusa en entrevista.
Moreno explica que Súper Gas ha invertido al menos 5 millones de pesos para obtener las licencias municipales correspondientes y que, hasta la fecha, las autoridades del ayuntamiento de Tijuana no los han atendido, les dan “largas” y “patean el bote” para no entregarles ninguna autorización.
Edgar Alan Jaramillo Pérez, abogado de la empresa Blue Propane, señala que ante la Fiscalía General del Estado enfrentan un conflicto para que les liberen 5 de las 10 estaciones de servicio que construyeron en Tijuana, las cuales fueron aseguradas en 2019 derivado de 25 carpetas de investigación interpuestas por Elías Daniel Monroy Ojeda, quien era director de la Auditoria Ambiental de la Secretaría de Protección al Ambiente, hoy Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de Baja California.
Jaramillo Pérez detalla la tormenta legal que enfrenta Blue Propane: entre 2017 y 2019 fueron interpuestos 87 amparos contra la empresa, 43 denuncias penales del fuero común y 10 del fuero federal, 10 procedimientos administrativos y 10 denuncias ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), además de que actualmente existen cuatro procedimientos administrativos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado.
Los 87 amparos, explica el abogado, fueron presentados por la organización Retos y Logros Cumplidos A.C., presuntamente ligada a los Zaragoza Fuentes. El defensor señala que la asociación simuló juicios utilizando datos personales de vecinos que viven cerca de las 10 estaciones aseguradas a Blue Propane.
“Es una operación en contra nuestra ¿cómo te explicas los costos?, ¿cuánto te puede costar un amparo? 20 mil pesos si tú quieres, pero, ¿quién los paga? La operación para los amparos, las copias y las vueltas para presentarse, toda esa operación está hecha por alguien para no permitirnos entrar al mercado de Tijuana”, acusa el abogado.
Víctor Pavón Villamayor, presidente ejecutivo de Oxford Competition Economics, señala que el poder de mercado es un delito y un riesgo cuando las empresas más grandes abusan de su posición de dominio para distorsionar el proceso de competencia y desplazar de manera anticompetitiva a sus adversarios.
“Lo que preserva la ley en México y en el resto del mundo es que aquellas empresas que tienen una posición dominante en el mercado, debido a la concentración, no abusen de ese poder del mercado o de ese dominio para afectar el proceso competitivo o para desplazar de manera anticompetitiva e ilegal a sus competidores”, señala.
El especialista en temas de competencia económica y regulación en México, América Latina y Europa advierte que una industria concentrada lleva a escenarios donde los precios son más altos, existe una mala calidad en el servicio y la cobertura del servicio es más reducida, lo que genera un daño social en la economía local o regional.
Municipios son una barrera
Susana Cazorla, extitular de la Unidad de Gas LP de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), señala que, en su trayectoria como experta en el mercado del gas, identificó que las autoridades municipales son la primera barrera de entrada a la que se enfrentan los nuevos competidores.
“Sabemos que hay zonas en las que todavía hay uno o dos grupos que controlan el mercado (del gas) y que desafortunadamente están apoyados por los gobiernos locales. Esto hace que el problema se complique todavía más, porque, si el Gobierno local no está en favor de la competencia, todo se hace más difícil”, expone en entrevista.
La experta en temas energéticos detalla que las restricciones se imponen con base en reglamentos de uso de suelo, de Protección Civil y de bomberos, cuando la Ley de Hidrocarburos establece que los permisos para operar, y en materia de seguridad, les competen a las autoridades federales.
“Desafortunadamente, en muchos municipios y estados, la entrega de los permisos es muy discrecional. Muchas de las regulaciones o de las trabas son locales. Se agarran con el uso de suelo, que no es cuestión de hidrocarburos, y así los nuevos competidores no obtienen los permisos locales”, subraya.
Paul Sánchez, director de la organización Ombudsman Energía México (OEM), explica que se tiene identificado que, mediante actos de corrupción, empresas pagan a los actores políticos para que hagan regulaciones a modo para impedir la entrada a nuevos participantes en un mercado.
“A los nuevos competidores les piden más permisos que los que pedían hace un año, o les aumentan el costo. Por ejemplo, 20 mil pesos por un permiso, más 80 mil pesos por la supervisión, y todos esos trámites no los hizo la primera empresa y ahora sí los tienen que hacer los nuevos competidores. Todas esas son barreras más duras”, describe.
Respecto a las seis empresas de la familia Zaragoza Fuentes, el doctor en Políticas Públicas afirma que puede tratarse de un sistema de prestanombres que crean razones sociales para aparentar la existencia de diferentes dueños y diferentes empresas, aunque realmente las controla un mismo grupo de personas.
“El riesgo que se ve es que este grupo de empresas controladoras tengan la capacidad de influir en los precios finales y, por lo tanto, se incurre en la pérdida de bienestar para los consumidores de Baja California”, comenta.
Tijuana: reglamento a modo
El pasado 28 de julio el Cabildo del Ayuntamiento de Tijuana aprobó un reglamento donde se regula el uso de suelo para la edificación, instalación, conservación, operación y mantenimiento de estaciones de servicio, plantas de distribución y almacenamiento de gas licuado de petróleo que impone restricciones a nuevos competidores, pero no son aplicadas a las empresas de los Zaragoza.
El reglamento establece que las plantas de distribución y almacenamiento de gas licuado de petróleo, ductos de gas natural y estaciones de carburación deberán estar a una distancia mínima de 150 metros radiales respecto de centros comerciales, mercados, cines, teatros, centros de culto religioso, auditorios, condominios y conjuntos habitacionales.
Sin embargo, en el crucero de las calles 5 y 10, uno de los más transitados de Tijuana, Grupo Zeta Gas, de Miguel Zaragoza Fuentes, tiene instalada la Planta Álamos, donde se almacenan cientos de litros del hidrocarburo. El domicilio está cerca de la Clínica 20 del IMSS, una plaza comercial, una mueblería y varias tiendas.
En tanto, sobre el Boulevard Manuel J. Clouthier la empresa Baja Gas and Oil, que pertenece a Grupo Zeta Gas, tiene el expendio Guaycura, que colinda con el edificio escolar del Centro de Atención Múltiple de la Frontera de Educación Especial. En un recorrido por la zona se constató que más de 30 camiones repartidores del hidrocarburo entran y salen del domicilio con normalidad.
En la sesión pública en la que el Cabildo de Tijuana aprobó el reglamento, los regidores Guadalupe Flores y Armando Aragón decidieron abstenerse de votar, porque acusaron que el proyecto se les presentó 24 horas antes y no tenían todos los elementos para emitir un juicio.
Guadalupe Flores, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, advirtió que dicho reglamento toca el tema de hidrocarburos, que no es competencia municipal.
“Sabemos que desde hace muchos años estaba una sola gasera, que era la que operaba, y no había oportunidad para nadie más. Ahora hay otras. Bueno, esa misma, pero con otros nombres, y hay otras más chiquitas que han estado operando. Antes no se le permitía a ninguna operar más que una sola, y no sé si el trasfondo del reglamento es no permitir que nuevos competidores operen. Deberíamos evitar un monopolio”, sostuvo en entrevista.
Armando Aragón, de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y Salud, se inconformó con la aprobación del reglamento al considerar que no se analizó exhaustivamente.
“Antes de votar este reglamento se debió hacer una ponderación de los derechos a emprender del empresario de hidrocarburos y, por otra parte, los de la seguridad del propio ciudadano, y por tal motivo considero necesario el mandar a comisiones esta iniciativa”, planteó durante la sesión.
El entonces alcalde de Tijuana, Arturo González, quien el pasado 16 de octubre dejó el cargo, negó en entrevista que con este reglamento su Administración pretendiera regular el tema de hidrocarburos que es competencia federal.
“El uso de suelo es facultad del ayuntamiento, aquí lo importante es que yo como Presidente Municipal, como Ejecutivo de mi Administración, estoy cediéndole las facultades al Cabildo para que sean ellos los que tengan que ver con las aprobaciones de esta naturaleza”, declaró en entrevista.
Afectan a consumidores
Mientras los hermanos Tomás y Miguel Zaragoza controlan el mercado del gas, en la colonia popular Granjas Amparo Sánchez de Tijuana, Deysi Morales no puede comprarse un tanque de 10 kilos, que cuesta 241 pesos. Esta madre de dos hijos arrumbó su estufa desde hace ocho meses, debido a que no le alcanza para comprar gas con el sueldo de su esposo, quien trabaja como albañil. Su opción ha sido recurrir a fogones que utilizan madera como combustible para cocinar y calentar agua para bañarse.
Pese a los riesgos que ella y su familia desarrollen bronquitis crónica, enfisema, fibrosis pulmonar e incluso ceguera, todas las mañanas Deysi prende su fogón con los pedazos de madera que recoge en un basurero clandestino que está frente a su casa, donde las fábricas de tarimas arrojan sus desechos.
“No pasa el gas y mejor usamos la leña. Vamos a traer la leña por donde viene el carro a tirar la basura”, cuenta Deysi.
Ofelia Velásquez, también habitante de esta colonia, es otra ama de casa que tiene que cocinar con leña.
En 17 años, desde que nació este asentamiento de casas construidas sobre cañones, entre laderas que se derrumban y calles de terracería, para las 300 familias que habitan la colonia Granjas Amparo Sánchez usar una estufa de gas es un lujo que no pueden darse. Los habitantes no han visto transitar los camiones que venden tanques de gas. Si quieren comprar el hidrocarburo, los vecinos tienen que cargar con su cilindro 1 kilómetro hasta el Bulevar Díaz Ordaz, donde se ubica una estación de servicio de Gas Silza.
La distancia no es el mayor problema. Baja California es el segundo estado con los precios más altos del gas licuado de petróleo (LP). En julio de 2019, el precio promedio en el estado fue de 10.89 pesos por litro, que subió a 11.69 pesos en el mismo periodo de este año, indican los datos de la CRE.
Omisión oficial
El pasado 2 de agosto en Mexicali, el Gobernador, Jaime Bonilla, afirmó en entrevista que en su entidad no existen prácticas monopólicas en el mercado del gas y llamó a denunciar los actos ilícitos que pudieran estar produciendo una concentración del mercado.
“No hay monopolio. Yo lo dije desde la campaña, no hay monopolios. Cuando llegamos había vedas, había bloqueos ya legislados por los ayuntamientos, donde no se permitía por diferentes razones, pero el que tenga una prueba que la presente ante el Ministerio Público, al Fiscal”, dijo.
El mandatario morenista reconoció que han existido abusos, pero no detalló los actos ni precisó nombres.
“No se pueden permitir ese tipo de cosas. Se debe abrir a la competencia para que todo mundo tenga oportunidad de tener mejores precios. De lo del gas, sé yo que ha habido un abuso por mucho tiempo, pero oigo muchas cosas”, indicó.
El titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de Baja California, Mario Escobedo, reconoció que en la entidad no se ha hecho un estudio detallado que confirme o descarte prácticas monopólicas.
Escobedo aceptó que el gas en Baja California debería ser más barato porque el hidrocarburo llega de Estados Unidos, país con el que colindan.
“Creemos que, si empujamos la competencia, vamos a lograr bajar los precios y que se entreguen tanques completos, que es otra queja que hay por parte de los consumidores”, expuso.
