Además de deforestar más de 6 mil hectáreas de selva, este proyecto insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que viola la legislación ambiental, expone a los más vulnerables a pagar los enormes costos del deterioro ambiental sin recibir a cambio algo más que empleos precarios.
Chetumal,Quintana Roo. La construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya derivó en la deforestación de 6 mil 18 hectáreas de selva en esta entidad, concluye un estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Mediante un análisis de imágenes satelitales que compara la cobertura forestal de 2019 y 2024, se detectó que en el tramo 5, que va de Cancún a Tulum, se perdieron 2 mil 15.3 hectáreas de selva.
En el tramo 6, de Tulum a Chetumal, se destruyeron 2 mil 76 hectáreas.
Mientras que en el tramo 7, que corre de Chetumal a Escárcega, se deforestaron mil 927.2 hectáreas.
A través del Sistema de Información sobre Cambios en la Cobertura Forestal (SICAMFOR) desarrollado por el CCMSS, se identificó que, además del desmonte ocasionado por el trazado de la ruta para la instalación de las vías del tren, se deforestaron terrenos para la apertura de bancos de materiales de donde se han extraído grandes volúmenes de roca y sascab para la nivelación de los terrenos.
También se taló selva para la construcción de las estaciones, campamentos, bodegas, estacionamientos, talleres de servicio, pasos a desnivel, caminos de acceso y el aeropuerto de Tulum.
El estudio del CCMSS identificó 185 bancos de materiales que impactaron mil 55 hectáreas forestales, mayormente de propiedad ejidal.
“Para la construcción del terraplén dónde se instalaron los durmientes y rieles del Tren Maya fue necesario nivelar el terreno con el relleno de miles de toneladas de piedra y sascab que fue extraído en bancos de materiales que se construyeron a partir de la deforestación y excavación de terrenos forestales de entre 10 y 100 hectáreas cada uno. Se trata de una actividad catalogada como minería no metálica a cielo abierto”, indica.
El Tren Maya, obra insignia del Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señala, se ha caracterizado por el incumplimiento de la legislación ambiental y la opacidad, pues la mayoría de los trabajos se iniciaron sin contar con las autorizaciones correspondientes.
“Cuando se inició la construcción del tramo 5 del proyecto, que va de Cancún a Tulum, la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entidad responsable de la obra, reconoció que no contaba con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y que trabajaría con instituciones académicas para dar cumplimiento a la normatividad. Sin embargo, iniciar los trabajos sin la MIA ni la autorización de ésta por parte de la Semarnat constituye una violación flagrante de las leyes y por lo tanto de los derechos de las personas a contar con un medio ambiente sano”, enfatiza el CCMSS.
El artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que antes de iniciar cualquier desmonte o actividad de construcción se debe de contar con una MIA aprobada. De igual manera, se incumplió el artículo 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) que obliga a la presentación de un estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo. Ninguna de estas dos condiciones se dio en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.
Además, los promoventes de la obra vulneraron otros procesos administrativos en los demás tramos de la obra, como realizar labores de desmonte sin contar previamente con las autorizaciones para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) que debía emitir la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“Un estudio elaborado por CartoCrítica y publicado en agosto de 2023, refiere que las obras y construcción del Tren Maya -hasta el momento del análisis- habían deforestado 6 mil 659 hectáreas, y el 67 por ciento de esa superficie carecía de autorizaciones de CUSTF. Este hecho, de acuerdo a la ley ambiental vigente, está tipificado como un delito y la Profepa tenía la obligación de clausurar la obra”, acusa el CCMSS.
Asimismo, anticipa que el Tren Maya detonará una reconfiguración de las comunidades indígenas en el sur sureste del país por lo que las autoridades promoventes del megaproyecto debieron realizar un proceso de consulta para obtener su consentimiento, como se establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es firmante.
A finales de 2019 el gobierno federal convocó a representantes de ejidos a una reunión que llamó “consulta indígena”, en la cual se informó a los comisariados ejidales asistentes de los beneficios que traería el desarrollo de la obra y ofreció el mejoramiento de los servicios públicos en cada comunidad.
“El gobierno federal quiso con esa reunión de representantes agrarios cubrir con los compromisos que tiene México en referencia al respeto a los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que el ejercicio de consulta indígena realizado por el gobierno federal, en relación con el Proyecto de desarrollo Tren Maya, no cumplió con todos los estándares internacionales en la materia. También resaltó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar. Asimismo, el Alto Comisionado señaló que la ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos dificultó que las personas pudieran definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada”, expone el CCMSS.
La mega obra Tren Maya, agrega, no solo constituye un servicio y un medio de transporte, es en sí un catalizador de la urbanización, de los desarrollos turísticos y favorecerá el crecimiento e interconexión de las industrias que en los últimos años han causado severos impactos al ambiente; como la agroindustria que ha generado la deforestación de cientos de miles de hectáreas y la contaminación de cuerpos de agua subterráneos por el establecimiento de cultivos agroindustriales como la soya, sorgo, caña de azúcar y palma africana; así como el crecimiento de la industria porcícola y avícola que acapara el agua disponible y contamina uno de los acuíferos más importantes del país.
Esta transformación de las dinámicas sociales, culturales y económicas de la región desplazan los medios y formas de vida de las familias campesinas que cada vez sufren mayor hostigamiento para despojarlos de sus tierras y recursos naturales.
Ese modelo de desarrollo ya probado en la península de Yucatán, advierte que ha llevado al empobrecimiento ambiental y a una creciente inequidad social en la región, exponiendo a los más vulnerables a pagar los enormes costos del deterioro ambiental sin recibir a cambio algo más allá que empleos precarios.