El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó el año pasado 21 homicidios y 4 ejecuciones extrajudiciales de defensores ambientales. El total de agresiones letales es para ese año, de 25, cifra que, junto con el año 2021, se coloca como la segunda más alta de los últimos 10 años. El principal agresor es El Estado y los sectores más letales para la defensa del medio ambiente y el territorio son la minería, el forestal y el agropecuario.
Ciudad de México. La defensa del medio ambiente le costó la vida a 25 personas en 2024, cifra que representa un incremento con respecto a los 20 asesinatos documentados en 2023 por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Al rendir el 11° Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, el Cemda informó que el año pasado se documentaron 21 homicidios y 4 ejecuciones extrajudiciales. El total de agresiones letales para ese año es de 25, cifra que, junto con el año 2021, se coloca como la segunda más alta de los últimos 10 años.
Las cifras de agresiones letales documentadas durante el 2024 sólo han sido superadas en el año 2017, cuando se registraron 29 víctimas de agresiones letales.
De acuerdo con el Informe elaborado por el Cemda, 2024 fue, nuevamente, un año muy violento para las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, registrando 94 eventos de agresión, con 236 agresiones específicas en contra de personas defensoras del medio ambiente.
Es importante señalar que, para efectos metodológicos, en un mismo evento de agresión pueden cometerse distintas agresiones específicas.
Las personas defensoras que más sufrieron agresiones durante 2024 pertenecen a una comunidad, ya sea indígena o campesina.
Respecto de los sectores más letales para la defensa del medio ambiente y el territorio en 2024 se encuentran la minería (11 víctimas), el forestal (5 víctimas) y el agropecuario (3 víctimas).
El Estado es señalado como el principal agresor de los defensores ambientales.
“Se ha documentado, nuevamente, que el principal agente agresor fue el Estado, con una participación en 62 eventos de agresión, de un total de 94. Esto equivale al 65.9 por ciento del total de agresiones. Este porcentaje se incrementó drásticamente, considerando que en el año 2023 fue del 49.5 por ciento. Resalta también el incremento en el número de agresiones en las que participaron empresas privadas y grupos de la delincuencia organizada, con participación en un total de 25 y 17 eventos de agresión, respectivamente”, destaca el Informe.
De las víctimas contabilizadas, 91 corresponden al sexo masculino y 55 al sexo y género femenino. En cuanto al resto de víctimas, no fue posible determinar el sexo de la víctima debido a la falta de disponibilidad de información personal de la víctima en las fuentes consultadas.
Entre los tipos de agresión específica que se documentaron durante el año 2024 se encuentran: intimidación (27), hostigamiento (23), homicidio (21), estigmatización (20), criminalización (20) y difamación (19). Muchos de estos casos están relacionados con la represión al ejercicio del derecho a la protesta en asuntos ambientales.
Con relación a las agresiones graves cometidas en contra de personas defensoras del medio ambiente y el territorio, durante el 2024 se documentaron 4 casos de desaparición.
En cuanto a las agresiones por entidad federativa, encabezan la lista Oaxaca (15), Chiapas (9), Michoacán (9), Puebla (9) y Veracruz (8). En estos cinco estados sucedieron 50 de los 94 eventos de agresión documentados, lo cual equivale al 53.1 por ciento. En estos mismos estados se documentaron 127 agresiones específicas de un total de 236 documentadas, lo cual representa el 53.8 por ciento.
Otros estados con un número alto de eventos de agresiones fueron Quintana Roo (7), Ciudad de México (7), Sonora (5) y Baja California Sur (5). Llama la atención el caso de Baja California Sur pues, en los últimos diez años únicamente se habían contabilizado 6 eventos de agresión, mientras que tan solo en 12 meses casi se alcanzó dicha cifra.
El Cemda enfatizó que el hecho de que algunas entidades federativas no arrojen registros de agresiones no significa que las personas y comunidades defensoras no estén en situaciones de riesgo. Algunas de las razones pueden estar vinculadas con la falta de visibilización de la labor de defensa de derechos humanos, al hecho de que las agresiones se documenten como casos de delincuencia común, a información pública no verificada o al impedimento de las personas víctimas, directas o indirectas, de compartir su información por motivos de seguridad, entre otras.
Destacan como los megaproyectos asociados con el mayor número de agresiones, las granjas porcícolas (10), distintas edificaciones habitacionales, de servicios y comerciales (10), la tala forestal ilegal (11), distintos proyectos mineros como La Revancha y Natividad (6), el Tren Maya (4), el relleno sanitario en Paso de Ovejas y en Cholula (4), y la pesca ilegal (3).
Al presentar los resultados del Informe, Gustavo Alanís Ortega, fundador y director ejecutivo del Cemda, urgió al Estado mexicano a implementar de manera urgente un plan de acción que garantice un entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente.
“Hacemos nuevamente un llamado respetuoso a las autoridades del Estado mexicano, empezando por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, a garantizar con recursos financieros, materiales y humanos suficientes que el Mecanismo para la protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación funcione apropiadamente y se garantice un entorno seguro para quienes protegen el patrimonio natural de México, cumpliendo así con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), del cual México es signatario”, expresó Alanís.
La titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, sostuvo que la única manera de restituir los derechos de los defensores ambientales es garantizando la reparación integral del daño.
“En muchos de los casos que hoy trabaja la Profepa estamos buscando no solo una sanción económica sino avanzar en la reparación integral del daño, lo que implica que debe garantizarse que las afectaciones no se repitan y que se tomarán las medidas necesarias para regresar los ecosistemas al momento anterior al daño”, afirmó Tamborrell.
En los últimos 10 años, el CEMDA documentó 189 agresiones letales en contra de personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio. Estos datos son similares a los reportados por otras organizaciones a nivel internacional, como es el caso de Global Witness, la cual coloca a México en el cuarto lugar en el mundo en asesinatos a personas defensoras del medio ambiente.
Mientras que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que, entre 2019 y 2023, 138 personas defensoras de derechos humanos y periodistas fueron víctimas de asesinato en el país.
¿DE QUÉ NOS SIRVE REACCIONAR CUANDO ALGUIEN PERDIÓ LA VIDA?
Tras 11 años documentando los ataques que sufren los defensores ambientales en México, Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), afirma:
“Todos son estrujantes. A uno se le pone la piel de gallina y a veces, hasta las lágrimas. Es muy desgarrador ver estas historias porque no es gente mala, no son porros, no es gente que está buscando hacer el mal. Es gente que legítimamente está buscando una mejor condición para ellos, para su pueblo, para la comunidad, para su ejido”
En entrevista con Evlyn.Online, Gustavo narra que a medida que se conocen los antecedentes y el contexto en el que ocurren los ataques, se logra entender lo que un defensor sufre y arriesga por defender el medioambiente.
“Son historias con su propia narrativa que lastima, que hiere, que duele, y una de las razones por las que le damos visibilidad a esto es para que la gente pueda sensibilizarse y que en el tiempo haya más solidaridad, más apoyo, más empatía con estas personas porque, además, si nos damos cuenta, al final del día muchos de los defensores que están allá afuera están protegiendo algo para beneficio de todos nosotros sin que a veces nos demos cuenta. No podemos pensar en una economía próspera si hay contaminación, si hay degradación, si hay desequilibrio ecológico. Tenemos que entender que estas personas no hacen las cosas por ir en contra de algo, es una causa muy noble y por lo mismo sufren todos estos hostigamientos, estigmatización y ataques y me parecen fuera de toda proporción”, reflexiona.
Lo que más duele, comparte, es que la mayoría de los ataques son contra los más vulnerables.
“Y todavía es más doloroso ver que el 45 por ciento de los casos están relacionados con pueblos y comunidades indígenas que son la gente de menos recursos y más vulnerable a las afectaciones del medio ambiente, la salud y que por levantar la voz o querer mejorar las condiciones de un lugar, sufren toda esta persecución, sufren la criminalización, el desprestigio y no hay proporción alguna porque estás hablando de entes que pueden llegar a ser extremadamente poderosos tanto a nivel económico como en su poder político”, señala.
El Cemda tiene 11 años documentando los ataques que sufren los defensores ambientales, pero, frente a la estadística, el gobierno mexicano ha sido omiso en la implementación de una política preventiva. Esto, dice Gustavo, revela una falta de interés del Estado por erradicar esta problemática que creció en 2024.
“Nos ha faltado tener una política preventiva. ¿De qué nos sirve reaccionar cuando alguien ya perdió la vida?, yo creo que lo ha faltado es el interés del Estado mexicano por resolver un tema que ha sido constante durante los últimos diez años y donde ha habido omisiones por parte del Estado, una ausencia enorme y un silencio sepulcral ante tantas agresiones sin hacer nada para que los defensores puedan tener un ambiente seguro para hacer su trabajo y se les respete su vida e integridad”, apunta
La creciente violencia en contra de los defensores ambientales, en su opinión, también exhibe que en el país no se respeta el marco legal ambiental con especial énfasis en el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional del que México es parte y el cual obliga al Estado mexicano a proteger los derechos humanos de quienes se dedican a la defensa del medio ambiente.
“Primero, no prevenimos. Pero, además, ya cuando esto sucede ni siquiera investigamos ni sancionamos. Entonces, me parece que tiene que haber un giro de 180 grados de lo que es la política pública en México para que realmente sea integral y que busque genuinamente proteger a los defensores ambientales y, además, una política pública que sea construida de la mano con los expertos, los académicos, los defensores ambientales para que tenga consenso y la fuerza suficiente. Necesitamos un real deseo de la autoridad de atender el tema y actuar en consecuencia”, expone.
El director ejecutivo del Cemda confía en que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo implemente una política pública preventiva a nivel transversal en su gabinete de gobierno liderada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pero en la que también se incluya a gobiernos estatales y municipales en la tarea de sensibilizar a los cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa Nacional así como a las Fiscalías.
“Si yo fuera el gobierno federal haría un esquema de trabajo coordinado con todas estas instituciones para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pueda tener la batuta en temas como estos y que esto sea un tema transversal en todas las dependencias. Asegurar que haya capacitación, entrenamiento, difusión y que ellos mismos se vayan dando cuenta de las ilegalidades y la autoridad empiece a actuar. Si empezamos a ver que todos estos casos se investigan, yo creo que también se la pensarían dos veces de volver a hacerlo. Pero como no hay consecuencias, es muy fácil volver hacerlo”, lamenta.
El peor escenario, subraya, es que después del reciente Informe presentado por el Cemda, el gobierno federal no actúe, lo cual implicaría que no se cumpla con el Acuerdo de Escazú y el Estado mexicano mandaría un mensaje de falta de voluntad para frenar los ataques contra quienes defienden el medio ambiente, pero, además, se fortalecería la impunidad.
AL DETALLE
Fuente: Cemda
25 asesinatos contra defensores ambientales en 2024
21 homicidios
4 ejecuciones
Los estados donde ocurrieron el mayor número de agresiones son:
Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Puebla y Veracruz
El Estado es el principal agresor contra defensores ambientales.