Lejos de promover la educación ambiental del público sobre la vida silvestre, la conservación de especies en peligro de extinción, la investigación científica y la recreación a partir del bienestar animal, el Zoológico de León se convirtió en un recinto cuyas negligencias podrían ir más allá de un cierre temporal al público pues en el expediente administrativo de la Profepa se valora la imposición de medidas adicionales.
León, Guanajuato. Tras ser clausurado de manera temporal, el Zoológico de León también conocido como Zooleón tiene un plazo de diez días para cumplir con las medidas correctivas que le impuso la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) luego de la muerte masiva de animales y la renuncia de su director, Rigoberto Montes Palomares, que será efectiva hasta el 31 de enero de 2026.
Lo que debió ser un espacio para garantizar la supervivencia de especies de vida silvestre, se convirtió en un cautiverio mortal para 24 borregos muflones que fueron asesinados por una jauría al interior del zoológico donde, en las últimas semanas, también se reportó que un pingüino murió ahogado en un tubo de succión, así como la muerte de un avestruz que cayó en la fosa de los leones africanos.
Solo en lo que va de 2025 se han registrado 83 muertes de animales en este recinto.

En atención a estas denuncias, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección en el zoológico de León el pasado 8 y 9 de diciembre encontrando una serie de presuntas irregularidades que derivaron en la clausura del recinto y un expediente administrativo que continúa abierto y en el que no se descarta la imposición de otras medidas correctivas.
“Las medidas impuestas deberán ser cumplidas en un plazo de diez días. La Profepa mantendrá vigilancia en el establecimiento hasta que se cumplan dichas medidas y continuará con el expediente administrativo, a fin de evaluar los hechos y valorar la imposición de otras medidas adicionales”, detalló la Procuraduría en un comunicado.
Cabe destacar que no es la primera vez que la Profepa interviene en el Zooleón, apenas en noviembre emitió una resolución en la que le ordenó al parque la suspensión total de eventos, festivales y cualquier otra actividad temática dentro de sus instalaciones por posibles afectaciones a los ejemplares bajo su resguardo mediante la promoción de espectáculos como el “Hallowen Zoo”.
En sesión de Ayuntamiento, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, admitió que desde hace al menos cuatro años supo de anomalías administrativas, financieras y operativas en el Zoológico a partir de un dictamen que solicitó a la Dirección Municipal de Protección Civil, pero las atribuyó a una falta de inversión histórica de sus antecesores y destacó la inversión de 180 millones de pesos que su gobierno ha realizado.
Otro dictamen elaborado en 2022 por la empresa Consultores en Soluciones DTI y por el cual el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), anticipó que las cercas perimetrales se encontraban “severamente comprometidas o vulnerables”, vulnerabilidad en las barreras de seguridad de los animales, exceso de parches en vallas de delimitación, daños en la red eléctrica y de conexión a internet que comprometían la operación de cámaras de vigilancia.
Aunque la alcaldesa Alejandra Gutiérrez atribuye la muerte de decenas de animales del Parque Zoológico a un sabotaje, de no comprobarse este señalamiento, su Administración podría ser acusada de negligencia u omisión en la preservación del bienestar animal.
Actualmente, la Contraloría Municipal realiza una auditoría sobre el manejo del Parque Zoológico y existe una denuncia por posibles hechos constitutivos de delito ante la Fiscalía de Guanajuato.
