Es estratégico que México encare una acción decisiva para detener la explotación indiscriminada de este metal que amenaza las vidas de las poblaciones expuestas.
Ciudad de México. Era una tarde de 2022 cuando recorrí el predio donde operó la empresa Tekchem-Fertimex, una planta industrial de plaguicidas en Salamanca, Guanajuato, que se convirtió en uno de los pasivos ambientales más importantes en el país por el grave deterioro que ocasionó del medioambiente, la contaminación del subsuelo, del aire y los daños a la salud de los salmantinos. Al caminar por el lugar encontré a pobladores atareados en tareas de minería artesanal para extraer mercurio líquido.
La extracción de este metal ocurría de manera intensiva con técnicas rudimentarias y herramientas manuales como palas, picos, mazos, vasijas improvisadas con tambores cortados a la mitad y botellas de refresco para el acopio.
Quienes hacían la extracción, no tenían ninguna capacitación ni tampoco equipo de protección. Lo importante, para ellos, era extraer la mayor cantidad posible de mercurio para luego venderlo en el mercado informal y de esta manera, subsistir. Esto, sin que ninguna autoridad lo impidiera pese al riesgo ambiental del lugar. De aquella reportaría surgió el reportaje “Brota huachicol en Tekchem” publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Cuatro años después, apenas el 3 de febrero de 2026, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó de la confinación de 644 kilogramos de mercurio líquido que estaban contenidos en un cargamento asegurado desde 2022 en la aduana de Manzanillo, Colima.
Es decir, el mismo año que denuncié la extracción de mercurio en Tekchem, alguien intentaba exportar ilegalmente el mineral en estado líquido. Pretendían sacarlo del país contenido en 48 rodillos de banda transportadora y declarado falsamente como “mercancía no regulada” por la Semarnat para evadir los filtros de regulación, pero fue detectado por autoridades aduanales.
Aunque desde aquel momento el cargamento quedó asegurado, a las autoridades mexicanas les tomó cuatro años poder confinar el metal de manera segura en una planta de Ramos Arispe, Coahuila.
Otro aseguramiento mayor de mercurio ocurrió en abril de 2025 cuando se detectó un cargamento de cinco toneladas ocultas en cubetas que pretendía salir de exportación por la misma aduana de Manzanillo, Colima.
El mercurio es un elemento químico cuyo uso, manejo, almacenamiento, fabricación, importación y exportación se encuentran restringidos por el Convenio de Minamata, debido a sus graves impactos ambientales y en la salud.
Se clasifica como una sustancia tóxica de alto riesgo. Sin embargo, sí tiene alta demanda en el mercado internacional para su uso en la minería ilegal de oro. Se estima que unas 200 toneladas de mercurio mexicano fueron contrabandeadas entre 2019 y 2025 para ser usadas en esta actividad.
Pese a que México es parte del Convenio de Minamata que restringe su uso, en el país persiste una minería artesanal de mercurio que no logra frenar la autoridad.
Desde la Sierra Gorda de Querétaro hasta San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Durango, hay familias que trabajan y dependen de la extracción de este metal a pequeña escala.
El costo es alto. La salud humana se compromete porque la manipulación del mercurio sin medidas de seguridad puede provocar una intoxicación que afecta el sistema nervioso. En el medio ambiente, se detona la contaminación del subsuelo, de la biodiversidad y de los cuerpos de agua.
La contaminación por este metal es una amenaza mundial y este 23 de febrero, en el marco de la conmemoración del Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio, es estratégico que México encare una acción decisiva para detener la explotación indiscriminada que amenaza las vidas de las poblaciones expuestas.