Irapuato, Guanajuato. Karla María Macías Lovera, jueza federal titular del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato y quien es reconocida por sus sentencias en defensa de los derechos humanos, otorgó un amparo en contra del proyecto de relleno sanitario que pretendía instalar la empresa PASA en la comunidad de Aldama perteneciente a este municipio.
Con el amparo emitido por la jueza Macías Lovera se declaran inconstitucionales las autorizaciones administrativas que PASA obtuvo para el relleno sanitario y se otorga protección de la justicia federal a la comunidad de Aldama reconociendo que, el sitio donde se pretendía procesar los residuos sólidos, es un corredor biológico con importancia ambiental en la región.
Evlyn.Online denunció el 14 de diciembre de 2020 que la empresa Promotora Ambiental de la Laguna S.A. de C.V, mejor conocida por sus siglas como PASA, obtuvo autorizaciones para instalar un relleno sanitario en la comunidad de Aldama a través de una red de corrupción entre autoridades federales, estatales y municipales.
Entre la red de corrupción que avaló los permisos a PASA están señalados Israel Cabrera Barrón, diputado local del PVEM y ex delegado de la Semarnat en Guanajuato, así como Daniel Rodríguez Betancourt, Director General de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) y Catalina Razo Rosales, Directora General de Desarrollo Territorial del Instituto Municipal de Planeación de Irapuato (IMPLAN).
Al emitir el amparo a favor de la comunidad de Aldama, la jueza expuso que con las autorizaciones emitidas a favor de la empresa todas las autoridades administrativas que intervinieron violaron el derecho humano al medio ambiente sano de los quejosos, no garantizaron su participación en la evaluación de impacto ambiental e incurrieron en una fundamentación y motivación deficiente.
Además, exhibió que las autoridades que emitieron las autorizaciones a PASA no tomaron en cuenta que existe un corredor biológico.
Por lo anterior, la jueza ordenó, en su sentencia del pasado 26 de enero, dejar sin efecto de forma inmediata cualquier autorización emitida a favor de PASA y reconoce los principios ambientales de equidad intergeneracional y el principio precautorio.
Entre las autoridades señaladas como responsables en la sentencia están el IMPLAN y la Secretaría de Desarrollo Urbano de Irapuato, así como la SMAOT y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) de Guanajuato.
Francisco Javier Camarena Juárez, abogado ambiental y representante de la comunidad de Aldama, consideró que la sentencia de la jueza Macías Lovera confirma que las autoridades incurrieron en omisiones del cumplimiento a obligaciones constitucionales.
“Qué bueno que un juez de Distrito del Poder Judicial Federal se pronuncia para la protección de derechos de pueblos y comunidades originarios de Guanajuato, esto es la violación al derecho a la participación ciudadana y la violación al derecho a participar en la evaluación de impacto ambiental. Lo que se hizo en este proceso fue desahogar pruebas y esta sentencia fue un reflejo de lo que las propias autoridades informaron y las autoridades no acreditaron haber cumplido y entonces hay la inconstitucionalidad de las autorizaciones emitidas”, expresó Francisco en entrevista con Evlyn.Online
Por su parte Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente, dijo que esta sentencia demuestra el grado de corrupción que hay en la SMAOT y en el municipio de Irapuato para otorgar un permiso para la instalación de un relleno sanitario en un corredor biológico.
“Es evidente la enorme corrupción que hay tanto en el gobierno del Estado como en el propio municipio y esto no debe quedar impune, los habitantes de Aldama tienen todo el derecho de seguirse quejando precisamente para que esos funcionarios sean castigados, retirados o cuando menos, inhabilitados por 10 o 15 años en la función pública. En este caso, la obligación de Marisa Ortiz Mantilla (titular de la SMAOT) era proteger el corredor biológico, pero hizo exactamente lo contrario, esta actitud demuestra el alto grado de corrupción que hay en ella y entre sus funcionarios al otorgar un permiso de un relleno sanitario en un corredor biológico”, afirmó el ambientalista en entrevista con Evlyn.Online
¿QUIÉN ES KARLA MACÍAS?
La jueza Karla María Macías Lovera que emitió el amparo a favor de la comunidad de Aldama, es titular del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato y es reconocida por sus sentencias en defensa de los derechos humanos.
En el caso de la comunidad de Aldama, la jueza se pronunció por la garantía del cumplimiento al derecho humano al medio ambiente sano y a la participación social dentro de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
Recientemente fue criticada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador tras imponer una multa de 9 mil 622 pesos a la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, por incumplir la suspensión definitiva que frenaba la reforma para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En 2017 emitió una resolución de amparo por irregularidades en la situación jurídica de menores del albergue “Ciudad de los Niños”, cuyo fundador el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías los registró como sus hijos.
En 2016 ordenó reclasificar la desaparición de Juan Flores como “desaparición forzada” e investigar penalmente a los militares señalados por el delito, así como abrir las instalaciones del octavo regimiento militar en Irapuato para la investigación del caso.
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