México jugó un papel clave este 22 de enero al adherirse al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, el cual entrará en vigor el próximo 22 de abril y será un instrumento estratégico para proteger a los defensores del medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú es histórico por ser el primer tratado en América Latina y el Caribe diseñado para proteger los derechos humanos de los defensores del medio ambiente en toda la región.
Se trata del primer instrumento regional jurídicamente vinculante que garantiza que las personas que ven amenazado su entono ambiental puedan acceder a información y participar en la toma de decisiones que afectan sus vidas, así como a exigir la rendición de cuentas a los poderosos con intereses en el asunto.
El acuerdo proporciona protecciones especiales sin precedentes para los defensores del medio ambiente:
1) Garantiza un entorno seguro para las personas y organizaciones, de modo que permanezcan libres de amenazas, restricciones e inseguridad.
2) Toma medidas para reconocer, proteger y promover los derechos de los defensores del medio ambiente
3) Aplica medidas para prevenir, investigar y castigar los ataques, amenazas o intimidaciones contra los defensores del medio ambiente.
Cabe recordar que desde 2006, en México se han identificado 879 conflictos socioambientales que están vinculados en su mayoría a la actividad minera, la extracción de hidrocarburos y proyectos hidroeléctricos.
En estos conflictos la violencia ha sido una constante contra las personas, colectividades y comunidades con el objetivo de obstaculizar el derecho a defender derechos humanos, específicamente el medio ambiente, que muchas veces se ve amenazado por la implementación de proyectos de desarrollo e infraestructura en el marco de un modelo de desarrollo hegemónico sin una perspectiva de derechos humanos ni sustentable.
De 2012 a 2019, en el País se han registrado 499 ataques contra quienes defienden el medio ambiente en México.
En el 2019 se registraron 39 ataques de los cuales casi un tercio fueron homicidios, resultando 15 personas defensoras ambientales asesinadas y un intento de homicidio.
Aunque el Acuerdo que se adoptó en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 tiene 24 países firmantes, fue hasta este 22 de enero que por la adhesión conjunta de los instrumentos de ratificación ante Naciones Unidas de los Gobiernos de México y de Argentina, que se alcanzó la cifra mínima de países para concluir el proceso que permite su entrada en vigor.
En una ceremonia simbólica convocada por el Gobierno de México, se celebró la conclusión del proceso para lograr la próxima entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, programada para el próximo 22 de abril, en el marco del Día Internacional de la Tierra.
La Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Martha Delgado, calificó este instrumento como “un logro histórico y sin precedentes para promover los derechos humanos y el desarrollo sostenible en América Latina”
Arturo Argueta, Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), celebró la entrada en vigor de este Acuerdo y explicó que a través del programa sectorial de Medio Ambiente 2020-2024, el Gobierno de México se ha comprometido a impulsar diversos procesos para el fortalecimiento de la gobernanza ambiental con la participación plena, ciudadana, libre, efectiva, significativa y corresponsable.
5 MOTIVOS POR LOS QUE EL ACUERDO DE ESCAZÚ ES IMPORTANTE
- Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU-Acuerdo Escazú)
- Garantiza la implementación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental.2)
- Promueve la participación pública en procesos de toma de las decisiones en el entorno ambiental y al acceso a la justicia
- Apuesta a la aplicación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano.
- Establece el derecho humano que tienen las personas a defender su entorno y un medio ambiente sano.
- Genera condiciones de igualdad, de participación social y de toma de decisiones colectivas frente a un megaproyecto.