Ciudad de México. Ha sido una de las servidoras públicas más polémicas del sector ambiental porque inmediatamente después de su nombramiento como Procuradora Federal de Protección al Ambiente, el 5 de diciembre de 2018, Blanca Alicia Mendoza Vera ordenó la desaparición de las Delegaciones de la Profepa en los Estados, luego promovió un cambio de subdirectores al interior de la Dependencia y desde entonces, ha enfrentado críticas y hasta una petición ciudadana que exigió su renuncia a través de la plataforma Change.org
A partir de su gestión, el área de comunicación social de la Profepa ha sido constantemente señalada como una de las más inoperantes en cuanto al flujo ágil de información hacia los periodistas. Su última campaña de difusión a través de ilustraciones sobre fauna silvestre desató críticas de los internautas quienes reprocharon a la Dependencia por no invertir más recursos para mejorar la calidad de las imágenes y, recientemente, la Procuraduría que dirige fue criticada por ordenar el cierre de las oficinas de Profepa en Tijuana y Ensenada.
Lo cierto es que, desde hace tres años, Blanca Alicia Mendoza Vera administra una Profepa desde la austeridad. En 2018, el presupuesto de la Procuraduría fue de 989 millones 4 mil 267 pesos.
Para 2019 su asignación financiera bajó a 796 millones 163 mil 372 pesos. En 2020 su gasto se redujo a 793 millones 69 mil 656 pesos y para 2021 el presupuesto se limitó a 742 millones 103 mil 128 pesos.
Sobresale que la Profepa venía de un sexenio en el que alcanzó un presupuesto de más de mil millones de pesos, pero a partir de la Administración del Presidente López Obrador, a Blanca Alicia Mendoza Vera le tocó reconfigurar a la Procuraduría apegándose a las medidas de austeridad republicana ordenadas por el Gobierno Federal.
A mitad del sexenio y en entrevista con Evlyn.Online en comunicación por zoom, la Procuradora Federal de Protección al Ambiente hace un balance sobre el trabajo realizado y el que queda pendiente para la Profepa.
¿Cómo han sido estos tres años Procuradora en términos de lo que ha implicado la reducción del presupuesto para administrar la procuración de justicia?
Han sido 3 años de trabajo, de una aventura bonita, impresionante, increíble de ir luchando por dar lo mejor por la justicia ambiental con lo que tenemos de tal manera que podamos ser mejores administrando mucho mejor los recursos que tenemos y buscar nuevos instrumentos que nos permitan tratar de hacer mejores las cosas.
Yo lo que he visto, y es lamentable, es que el ambiente en nuestro país está tan dañado que es verdaderamente difícil tratar de arreglar todo. Sin embargo, yo creo que en la medida en que participemos más con los particulares, nosotros como órgano de gobierno de manera real y efectiva, creo que podremos ir conteniendo el daño para después irlo disminuyendo y tratar de remediar.
Es cierto que tuvimos que enfrentar desde un principio el tema de reducciones (presupuestales) sin embargo, yo diría que no podemos atribuirles a las restricciones los problemas que se presentan al tema de la justicia ambiental.
Yo creo que lo que es necesario es hacer más cosas con lo que tenemos y creo que es posible porque la gente que se suma a trabajar es gente con pasión, con ganas, se entrega
¿Cuáles son los principales cambios administrativos que ha tenido que hacer para eficientar el trabajo de la Profepa, incluyendo el reciente cierre de las oficinas en el norte del país?
Tomando en consideración las medidas de austeridad que tuvo que tomar el señor Presidente pues una de las principales indicaciones que tuvimos fue la referente a ya no tener Delegaciones desde el punto de vista formal en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Delegaciones entendidas como unidades administrativas que contaran con un titular porque en realidad, lo que sucedió fue que se dejó de considerar como una figura necesaria -por decirlo de alguna manera- la existencia del Delegado en cada uno de los Estados y en el Valle de México.
La decisión que se tomó con base en el nuevo diseño de la organización de la Administración Pública y esto motivó la reforma de la Ley Orgánica, fue que Delegados solo hubiera de las Dependencias de las Secretarías de Estado. En el caso nuestro que somos un órgano desconcentrado, pues que ya no tuviéramos Delegados.
Pero en tanto se hiciera la reforma al reglamento interior pues tuviéramos que tener un Encargado de cada una de las Delegaciones que ha venido ejerciendo las funciones de quien era titular.
El esquema que empezamos a trabajar fue ir con quien había ocupado el cargo Subdelegado, Subdelegado de Recursos Naturales o en materia de Industria. Vamos viendo y designando a quien se encargue del despacho de los asuntos que formalmente corresponderían a la Delegación porque todavía no ha salido la reforma al reglamento interior.
Estos ajustes también nos llevaron a hacer un ajuste en las Delegaciones que había Subdelegados de Auditoría Ambiental.
El subdelegado de Auditoría Ambiental ejercía las funciones en cada uno de los Estados de promover el autocumplimiento en materia ambiental. Estos cargos tienen que ser excluidos y para que se ocupen, utilizamos la figura de los encargados, pero lo que aquí hicimos para no desatender el tema fue que trajimos a las oficinas centrales ese cúmulo de trabajo para no desatenderlo y desde aquí trabajar. No ha sido fácil, pero ha sido benéfico porque hemos impulsado más el trabajo cotidiano, diario y operativo desde las oficinas centrales porque anteriormente se tenía la idea de que únicamente se tenían que dar instrucciones desde aquí, dar seguimiento, y realizar el trabajo operativo. Yo creo que no. Yo creo que debe haber un intercambio de conocimientos, debe hacer presencia la autoridad central también en los distintos Estados de la República, también en los diferentes sitios donde tenemos que ir a comprobar que se está cumpliendo la ley.
En materia de Auditoría Ambiental lo que se promueve es el cumplimiento voluntario de la normatividad. Es una oportunidad más tersa. Es llamar a quien tiene obligaciones ambientales: “ve con un experto que vea que estás bien en tales y tales temas y nosotros te vamos a dar un reconocimiento que implica que te expidamos un certificado de calidad, por ejemplo, en materia de agua, de emisiones, etc. Y esto sirve porque tiene una vigencia y da un grado de certeza a la autoridad en cuanto al cumplimiento y de tranquilidad a quien ha cumplido”
Una de las inquietudes que había con los encargados de despacho es que estaban ejerciendo funciones, pero ya cuando hacían actos de autoridad, los asuntos eran botados porque la figura del del encargado de despacho no se reconocía dentro del organigrama de la Profepa y en la legislación.
Sí está prevista la figura de encargado de despacho en el Reglamento interior de la Procuraduría. Hemos tenido algunos asuntos en los que se ha señalado por parte de órganos jurisdiccionales que no tienen competencia los encargados de despacho.
Nosotros hemos analizado el tema y no estamos de acuerdo, pero el fallo del órgano jurisdiccional debe respetarse porque de ahí depende mucho el Estado de Derecho, pero no coincidimos con esta lectura porque yo particularmente pienso que hay una confusión.
Se ha confundido la figura de Delegado de las Dependencias, que es la figura del Delegado de las Secretarías de Estado con lo que era la figura del Delegado de la Procuraduría y que todavía tiene su existencia en el Reglamento interior y hay una figura que se prevé también en el Reglamento de la posibilidad de designar encargados de despacho.
Los encargados de despacho tienen la facultad de ejercer las funciones que correspondería al titular de la denominada Delegación y que en el futuro tomaría el nombre de oficina. Entonces allí viene esta situación de valoración de parte de los órganos jurisdiccionales y ahorita estamos trabajando fuertemente para que este criterio, desde nuestro punto de vista, se vaya adecuando y se tome en consideración lo que realmente señala la legislación.
¿Esto no elevaría la urgencia de publicar un Reglamento nuevo de la propia Profepa?
A nosotros nos ha informado la Semarnat que ya está listo el Reglamento interior. En el caso nuestro, las propuestas que mandamos en su momento han sido consideradas como las mandamos.
¿Podría adelantarnos algunas cosas que ya quedan planteadas en esa propuesta de Reglamento?
Traemos ajustes a lo que corresponde al ejercicio de la función en cada uno de los Estados de la República. Abandonamos el nombre de Delegaciones y pasamos a Oficinas que representan a la Procuraduría.
Las funciones que tiene que ejercerse son prácticamente las mismas porque traemos el mismo espectro de atención que son más de 40 funciones que no pueden variar. Nosotros tenemos dentro del sector pues a la Secretaría que es la que se encarga de otorgar permisos, autorizaciones y a nosotros nos corresponde revisar cada una de estas autorizaciones.
La Profepa también es una autoridad federal que defiende el interés de la Federación en el ámbito ambiental. No es nada más yo defiendo a fuerza un acto acartonado de autoridad, no. Tenemos que defender que el derecho a un medio ambiente sano verdaderamente se cumpla.
Tenemos que lograr que la reparación del daño se cumpla porque la legislación ambiental dice que todo aquél que dañe el ambiente tiene la obligación de reparar entonces, nosotros tenemos que dar certeza es darle seguimiento a esto.
Estamos también trabajando otros instrumentos de sanción diferentes a la multa.
Ahorita estamos trabajando ya con otros instrumentos financieros como es la conmutación de la multa que implica para el que fue infractor, asuma el compromiso de llevar a cabo actos que reparen al ambiente, que compensen y estos actos dan lugar a que se les reconozca una parte de la multa.
Hemos estado buscando últimamente que los obligados ambientales se comprometan a adquirir insumos que permitan a la Procuraduría llevar a cabo mejor su función con estas acciones que hacemos de manera conjunta con los infractores que tienen obligaciones en materia ambiental pues vamos logrando mejorar las actividades de la Procuraduría.
Un ejemplo es una empresa del Estado de Coahuila con la que llevamos a cabo un convenio porque no se trata de recibir recursos, se trata de que ellos adquieran y que nos permitan utilizar lo que han adquirido como con esta empresa que tenemos un convenio que celebramos.
Ellos adquirieron unos drones y esos drones nos permiten utilizarlos a cambio de que nosotros cada tres meses tenemos que rendirles cuentas. Tenemos que decirles en qué los hemos utilizado, cómo va el trayecto de la utilización de estos aparatos en cuanto a su vida útil y esperaríamos nosotros que en la medida que demos resultados, esta empresa se quede animada para seguir contribuyendo a ir mejorando la cuestión ambiental. Buscamos con esto un efecto múltiple.
¿Cuántas empresas se han acogido a esta figura?
Traemos tres empresas. Una empresa con la que ya tenemos un convenio, y dos más con las que estamos viendo la posibilidad de que también se unan. Traemos una en Nuevo León y en Sonora (más una en Coahuila).
Aquí estamos haciendo un poco a la inversa. Nos ayudan para mejorar el ambiente, nos ayudan con instrumentos que nosotros necesitamos y nosotros vamos rindiendo cuentas para que vean que quedamos bien.
Digamos que ¿la propia autoridad ahora se somete a revisión de la empresa?
Sí, tenemos obligaciones y las cumplimos. Hay que empujar la responsabilidad ambiental. Nosotros tenemos que ir buscando otras opciones de ser mejores sin estar golpeando al gobernado.
¿Cómo están decidiendo el cierre de las oficinas de Profepa?
Recientemente acaba de suceder el cierre de dos oficinas en Baja California y yo lo que he estado considerando es que el primer mensaje que manda nuestra legislación es que debe ejercerse la función con unidad. No podemos tener domicilios para allá y para acá, para que cada quién abra cuando quiera, o cada quien cierre cuando quiera y no haya una rendición de cuentas porque la rendición de cuentas no es propiamente frente a los jefes, es frente a los gobernados.
¿Qué es lo que pasó en Baja California?
Pue se decidió poner la Subdelegación Jurídica en Tijuana, la Subdelegación de Recursos Naturales en Enseñada y la Subdelegación de Industria en Mexicali. Entonces, cada quién andaba ejerciendo funciones de manera dispersa. Empezamos a analizar el rendimiento y vimos que no había un rendimiento real. Por ejemplo, en el último año se han practicado 8 visitas de inspección de Recursos Naturales, eso no está bien.
Para llevar a firma los documentos al encargado que está en Mexicali, nada más había que viajar. Esto implic falta de unidad, implica también que no haya un rendimiento adecuado y desafortunadamente nos encontramos con déficits y con algunas situaciones que pudieran dar lugar a que se considere a que ha habido irregularidades en el ejercicio de la función.
Hemos tenido que poner en conocimiento de estas situaciones al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tenemos en Ensenada y en Tijuana unas oficinas que se denominan inspectorías que ejercen función de verificación y de comprobación respecto de entrada y salida de bienes o de mercancías que tienen impacto ambiental.
Lo que hicimos fue una estrategia nueva. Estamos aplicando operativos, estamos haciendo el mayor número de inspecciones posibles y en estos operativos y en estas inspecciones están participando nuestros compañeros que están adscritos aquí a las oficinas de la Ciudad de México.
Yo puedo tener un operativo en Tulum, ahorita traemos un operativo allá que está la situación durísima, estamos mandando personal de aquí de la Procuraduría para que conjuntamente con personal que tenemos allá en Quintana Roo participen y se lleven a cabo los operativos.
Lo mismo estamos haciendo allá en el Estado de Baja California. Traemos el asunto del Alto Golfo, la conservación de la vaquita marina y de la totoaba.
Se ha dicho “van a desaparecer la Delegación”, claro que no. No, no, no, sería un despropósito total y absoluto.
Lo que estamos haciendo es tener presencia total y permanente en el Alto Golfo de California ¿para qué?, pues para ir cumpliendo con compromisos internacionales, pero también para proteger estas especies que son endémicas de nuestro país.
¿Qué estamos haciendo?
Tenemos un grupo permanente de inspectores, integrado mayoritariamente por inspectores de aquí de la Ciudad de México y también por el grupo de inspectores que tenemos en Mexicali.
Como vino este cambio vamos a reforzar también con más inspectores y vamos a poder ir manejando al personal dependiendo de las zonas a donde tenemos que mandar a comprobar que se está cumpliendo con la ley.
Este caso del Alto Golfo es sumamente importante pero no es el único. Esto nos permite tener mayor control de las actividades y de nuestro personal.
¿Y al sur cómo van los focos rojos, por ejemplo, Tulum?
Hemos practicado casi 20 visitas de inspección en el último mes y estamos preparando otro operativo para practicar otras 10 visitas de inspección. En estos casos también nos está proporcionando información la Semarnat a través de la Zofemat y de la Dirección de Impacto Ambiental.
Estamos metiendo los operativos en materia de inspección de impacto ambiental y de ocupación de zona federal. Son temas que van muy de la mano.
Quieren hacer un proyecto, quieren utilizar zona federal sin concesión o bien, van y solicitan una autorización de impacto ambiental y luego la concesión de la Zofemat y eso está mal. Eso es un error y eso es gravísimo.
Estamos trabajando para acabar con eso. Pero allí también ha sido preocupación de la Semarnat y hemos estado platicando que tenemos que tener políticas ambientales. No es nada más la inspección. Hay que jalar a los órdenes de gobierno para que cumplan con los deberes que tienen.
Por ejemplo, en el caso de Holbox traemos también problemas de apertura de caminos para proyectos de más obra turística, no es malo, pero sí hay que respetar el ambiente y hay una carga ambiental que es lo que establece el límite de lo que se puede hacer. Y no pueden estar las autoridades municipales otorgando permisos o fuera de su competencia o de manera totalmente ilegal porque esto genera problemas para todos.
Hemos tenido casos en los que los titulares del municipio otorgan permisos, lo firman o ponen a sus subordinados a firmar y luego desaparecen. Entonces, tenemos que estar estableciendo política ambiental.
Por eso estamos metiendo en la materia de conmutaciones la utilización de los medios electrónicos que es determinante y de mucha utilidad ya, pero tiene que ir creciendo más.
Aprovechando ¿Cuál es el balance que puede hacer del caso Grupo México?
El balance es positivo. Se ha hecho un buen trabajo y lo mejor es que hemos recuperado la confianza de la gente. Cuando fuimos en mayo a empezar a cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la gente tenía desconfianza, ni siquiera querían tener contacto con nosotros.
Sin embargo, nos comprometimos a cumplir y a llevar nuestras presentaciones. Hicimos nuestra primera parte del Acuerdo que firmaríamos con Grupo México, dimos la oportunidad de que ellos formulen sus inquietudes. Ahorita estamos en esa fase.
Ya tenemos analizados los argumentos. Yo pienso que la sentencia de la Corte hizo referencia a la palabra inquietudes, sugerencias, para hacer una sentencia que fuera aceptable para todos.
También tenemos que estudiar los argumentos de los quejosos que son 36. Tenemos que recibir sus pruebas, tenemos que analizarlas y se tienen que desahogar. Hay pruebas por ejemplo que se ofrecieron con base a lo que manifestaban los quejosos, hay pruebas periciales en materia de agua que ya se están desahogando, hay pruebas en materia de suelo, hay argumentos en los que ellos dicen: “no se ha remediado, díganme qué hicieron”
Todo eso ya prácticamente lo tenemos respondido y el Presidente ordenó que se haga el Plan de Justicia para Cananea. Dentro de este Plan se incluyen medidas para atender los posibles daños que pueda haber todavía en el Río Sonora o en el suelo y hay manifestaciones que se están escuchando en paralelo de los habitantes de la zona.
Este plan considero que debe de tener avances antes de que finalice este año porque ya se han estado realizando trabajos.
¿Cuántos inspectores tiene la Profepa?
Tenemos alrededor de 750 inspectores. 700 que están dentro de la estructura y más o menos 50 adicionales que podemos contratar a través de una adición que nos da la Secretaría de Hacienda para contratar a personal que haga trabajo eventual. Este es nuestro universo en el país. Nuestra función es velar que se cumpla la ley ambiental.
¿Qué implicaciones tiene para la profepa tomar la decisión de enviar a un inspector a tal lugar cuando hay todo un país con problemas ambientales, cómo ha sido para usted esa toma de decisiones?
Nuestra función puede empezar con una denuncia o bien, atendiendo el programa de inspecciones que tenemos año con año.
Si iniciamos con denuncia, se analiza la denuncia correspondiente, se obtienen los datos, y casi siempre se conoce que quienes denuncian tienen razón y nos están avisando que hay una situación que está dañando el ambiente y eso es positivo porque no hay denunciantes que vengan a burlarse. No, son gente seria.
Se analiza la denuncia y se determina a qué Subprocuraduría tiene que ir.
Hoy cada una de las Subprocuradurías tiene que analizar el caso de la denuncia. Si es una de denuncia de un tema delicado, esa denuncia se atiende desde la oficina central. Si no es un tema delicado, puede atenderse en alguna de las Delegaciones dependiendo del lugar que sea materia de la denuncia.
En materia de tala ilegal ¿persistes los focos rojos en el Estado de México?
Traemos Campeche, Quintana Roo, Chihuahua, Jalisco, Estado de México en realidad, basta con considerar que hay 122 sitios críticos en el país. Sin dejar de contar los más de 100 pasivos ambientales que datan de años y que tenemos que encontrar una manera de ir atendiéndolos.
¿Y en el Alto Golfo?
Yo creo que aquí tenemos que avanzar a que haya una cooperación internacional, que sea efectiva y que haya un compromiso verdadero de las partes en CITES por ejemplo. Yo creo que no pueden ser documentos de entendimiento, de lo que se trata es de hacer efectivos los compromisos.
La vejiga de totoaba tiene demanda para llegar al mercado asiático y los mexicanos no están interesados en comérsela. Esa es nuestra riqueza y se está acabando a partir de intervenciones extranjeras que vienen y están tratando de contratar a personas jóvenes que ejercen competencia desleal siendo que mejor sería que hubiera cooperación internacional, ¿por qué?, porque no es válido estar extorsionando a la población de un país.
¿Coincide con quienes urgen una Profepa autónoma?
Mi visión es y ha sido siempre que lo que se necesita es un Procurador o Procuradora que actúe con firmeza, que no entregue la convicción y la pasión por el cumplimiento del Estado de Derecho.
No importa cuán autónomo pueda ser un servidor público, un funcionario o una institución si el que está al frente pues coopera y coopera para mal. Yo creo que lo que hay que hacer es tener convicción, tener pasión y ser firme en el cumplimiento de la norma y eso es lo que yo he tratado de hacer y también mi equipo y mi jefa (María Luisa Albores, titular de Semarnat) que nos atiende, nos reconoce y no está pidiéndonos que actuemos con tales o cuales intereses, no.
Y en los siguientes tres años espero consolidar todo lo que hemos ido trabajando para que sean situaciones sustantivas que eviten que el ambiente se siga dañando. Creo que tenemos que aprender a ir cuidando el ambiente y los que hayan hecho daño grande, exigirles que reparen, porque no se vale que después se vayan.
Pedirles a los mexicanos que consideren la labor del personal de la Profepa, especialmente de los inspectores. Cuando ellos van a practicar una visita a una mina, son grandes caminatas bajo el rayo del sol y son grandes los riesgos. Lo mismo pasa en el bosque, lo mismo pasa en la industria. Son servidores públicos que se entregan, que llevan una gran trayectoria, no digo que no pueda haber alguien que no esté correspondiendo a la confianza que depositan los mexicanos en su Procuraduría, hay otros que la ven muy chiquita, yo creo que está bien que la vean chiquita porque así, calladitos, calladitos, vamos avanzando haciendo cosas que queremos compartir.
LA FUNCIÓN DE PROFEPA FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19
En plena reconfiguración interna, con un presupuesto reducido y ya con la desaparición de los Delegados en los Estados, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) enfrentó otro reto en el último año: inspeccionar, sancionar y ordenar la disposición final de los residuos biológico infecciosos generados durante la pandemia de Covid-19
¿Cuál fue la función de Profepa en esta pandemia?
Hemos tenido una amplia participación de más de 500 inspecciones en materia de la Covid. Lo hemos tenido que hacer de manera callada, discreta, sin andar haciendo aspavientos. Se vale trabajar pero no se vale estorbar.
Hemos trabajado fuerte con el Seguro Social, con el ISSSTE, con la Secretaría de Salud y hemos llevado a cabo todas las acciones necesarias en todo el país en materia de residuos biológico infecciosos de tal forma que logremos que se dé un adecuado transporte y un adecuado confinamiento de estos residuos.
Hemos inspeccionado a empresas que se dedican a esto como transportistas o confinadoras. Al principio hubo casos de miedo, de un incumplimiento verdaderamente impresionante. Sin embargo, también hemos procurado como autoridad de procuración de justicia ambiental, analizar cuál es la posición real en la que se encontraban estas empresas.
Nadie esperábamos esta pandemia, teníamos una capacidad de transporte, de confinamiento de residuos, pero esta capacidad fue inmensamente rebasada.
Fue realmente impresionante encontrar cerros de bolsas con estos desechos que tenían que almacenarse, darles un tratamiento adecuado pero que además ya había un momento en el que no cabían en las instalaciones de estas empresas.
Obviamente que esta gente estaba en falla con la ley, pero estaba en falla no porque ellos hubieran desatendido su función sino porque ha sido de tal magnitud el problema que les era imposible estar actuando y es de reconocerse que, a pesar de que muchos de ellos no tenían la capacidad suficiente, siguieron acumulando para poder ir resolviendo este tipo de hechos.
Este es un ejemplo de lo que podemos hacer los servidores públicos para ir afrontando el problema.
¿Cuál es el volumen de desechos químico-biológicos que estuvieron administrando en lo que va de la pandemia?
Fueron 19 mil 290 toneladas de generación de residuos en el lapso desde que tenemos el registro del inicio de la pandemia
¿Podría detallar algún caso que nos refleje la magnitud del problema o qué fue lo que se encontraron?
El primer caso que tuvimos fue en el Estado de Puebla. Había una gran inquietud por la población que estaba alrededor, estaba tremendo, verdaderamente impactante por el volumen, pero también porque era de los primeros casos que se vivían y era normal que toda la gente tuviera miedo y era normal que las personas de la empresa dijeran bueno, es que lo estamos trayendo aquí, pero ¿qué culpa tenemos de que no quepa?, fuimos trabajando, logramos la inspección y finalmente tener un control de los residuos.
¿Podemos decir que la Profepa ya puso orden en los desechos químico biológicos del Covid y que tiene garantía de que están llegando a los sitios de disposición final correctos?
Sí. Con base en todo el conjunto de empresas que participan en las instituciones de salud y con la responsabilidad que han actuado, sí, definitivamente sí. Aunque esto no deja de lado que personas que no están convencidas de que debemos estar cuidando el ambiente o hacer la parte que nos toca, puede ser que todavía haya alguien que con total inconciencia pueda tirar en algún basurero estos residuos, pero no hemos tenido en los últimos meses reportes de una situación así.
Semarnat ha emitido lineamientos de carácter general para ir orientando el trabajo de este tipo de empresas porque a nosotros nos toca ir verificando que cumplan con la ley. También nos hemos unido con el Seguro, con el ISSSTE para darle capacitación al personal, enseñarles los conceptos y yo creo que todo esto que implica unión de esfuerzos y de competencias ha dado buen resultado.
