En los últimos 11 años, las víctimas del peor desastre de la minería en el país quedaron atrapadas entre la omisión de las autoridades ambientales para garantizar su acceso al sistema de protección y justicia ambiental; y la impunidad de Grupo México.
Hermosillo, Sonora. En vez de exigir el cumplimiento de las leyes y normatividades ambientales para que, al menos mil 500 víctimas, accedan a la justicia y una reparación de daño que les garantice mejores condiciones de salud así como el saneamiento y la calidad del medioambiente en su territorio, el gobierno mexicano incurre en una omisión que, no es ordinaria, pero sí premeditada para permitir que Grupo México continúe con sus operaciones mineras, plantea Cynthia Denisse Arco Amarillo, abogada en Poder Latam y quien acompaña legalmente la lucha de los Comités de Cuenca del Río Sonora.
A 11 años del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014 en la mina Buena Vista del Cobre propiedad de Grupo México, la abogada de las víctimas hace un recuento del camino recorrido por las personas afectadas para demostrar el daño que les ocasionó este suceso y, en entrevista con Evlyn.Online, concluye que existe una complicidad peculiar entre el gobierno federal y el conglomerado minero que preside Germán Larrea Mota Velasco para reparar el daño a los afectados y procurarles su derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.
Pues aunque los Comités de Cuenca del Río Sonora, que agrupan a las víctimas del derrame considerado el peor desastre ambiental en la historia reciente del país, han obtenido sentencias favorables de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las que se ordena a los tres niveles de gobierno que implementen medidas de protección, prevención y mitigación de riesgos, y se obligue a la empresa a hacerse cargo de remediar y compensar los daños que ocasionó, la abogada señala que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han sido omisas.
“La respuesta por parte de las autoridades ha sido de omisiones. En tribunales, la Semarnat, la Conagua, la Profepa, que son las principales autoridades involucradas, obstaculizan los procesos de justicia para las comunidades alegando que no tienen competencias y que quien debe de responder por los daños es la empresa. Sin embargo, tampoco brindan garantías para que la empresa se haga responsable”, acusa.
Actualmente, explica que hay cuatro juicios principales abiertos en los que se exige la implementación del sistema de protección y justicia ambiental para las víctimas.
El primero, detalla, se relaciona con el Fideicomiso Río Sonora y se encuentra en etapa de cumplimiento de sentencia.
“Este fallo ya fue a favor de los Comités de Cuenca por la Suprema Corte. A través de esta resolución fue que la Semarnat emitió el dictamen ambiental en 2023 donde determinó que la contaminación persiste y los daños a la salud son graves de mil 500 personas que fueron muestreadas, el cien por ciento de la población se encuentran expuestas a contaminación de niveles alarmantes. 705 personas, que estamos hablando casi de la mitad de las personas censadas, ya presentan enfermedades que requieren tratamientos de por vida como son cáncer, arsenicosis, daño renal, entre otro tipo de enfermedades precisamente por la prolongación en la que han convivido con el medio ambiente sin ser saneado”, recalca la abogada.
El segundo juicio, continúa, es en contra de las autoridades ambientales por no implementar medidas de prevención y mitigación de riesgos para que la gente no siga expuesta a las fuentes de riesgo de contaminación por metales pesados, consumiendo agua sin tratar y sin acceso a atención médica especializada.
“La autoridad agregó un eje al Plan de Justicia Cananea y a partir de ese eje realizó muestreos a la salud, muestreos clínicos en suelo, agua, aire y por primera vez, en sedimentos, a pesar de que había sido un compromiso monitorear los sedimentos precisamente porque, en un estudio de la UNAM, se determinó que la mayor parte de los metales se concentraron en sedimentos. Sin embargo, en este mismo amparo, la autoridad no ha diseñado un plan de justicia ambiental en el que ya se diseñen acciones concretas a favor de las comunidades en materia de infraestructura médica, de brindar atención médica especializada en toxicología que incluya el acceso a tratamiento enfocados a tratar las principales problemáticas de enfermedades crónicas que han presentado las personas y tampoco se ha coordinado con la Comisión Nacional del Agua para dotar de plantas tratadoras de agua a los 37 pozos que sirven como fuente de abastecimiento a todas las localidades del Río Sonora”, reprocha.
Un tercer juicio, dice, está relacionado con los planes de remediación aprobados a Grupo México.
“Ya la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anuló la propuesta de remediación que había presentado la empresa porque no garantizaba la protección a las personas porque la empresa había propuesto remediar zonas en las que no hay población humana. En este caso, la Semarnat ordenó que la empresa corrigiera sus propuestas de remediación, sin embargo, la empresa no ha dado cumplimiento”, lamenta.
El cuarto juicio está relacionado con la exigencia de una medida de no repetición que promovieron los Comités de Cuenca del Río Sonora un año después de que ocurriera el derrame en la mina Buena Vista del Cobre debido a que la autoridad ambiental le autorizó a la empresa la construcción de una mega presa de jales.
“Es una medida de no repetición que promovieron los comités de cuenca en el marco de un mega proyecto de una presa de jales que fue autorizada a Grupo México un año después del derrame y este caso llegó a la Corte y se reconoció, por primera vez, que a las comunidades no indígenas se les debe garantizar el derecho a participar en reuniones ambientales cuando afecte su territorio e impacte en sus derechos. Entonces, en este caso se ordenó que las autoridades realicen una consulta pública y que las preocupaciones y sugerencias de las comunidades sean tomadas en cuenta lo cual emanó en solicitarle a la empresa que emitirá un nuevo informe preventivo para garantizar que la mega presa de desechos tóxicos, la mega presa de jales, no vaya ocasionar un mayor desastre que el que sucedió en 2014”, agrega.
La abogada de Poder Latam recuerda que la Semarnat ya determinó que el derrame fue a causa de una negligencia por parte de la empresa y no por accidente. Además, reconoció públicamente, en 2023, que hubo contubernio entre el Estado mexicano y la empresa a tal grado que se extraviaron 72 cajas que contenían la información del suceso que impactó en al menos 22 mil habitantes de la cuenca del Río Sonora.
“Este actuar de las autoridades pues ha permitido que quienes vivan en la cuenca del rio sonora tengan mayor riesgo o sean más propensos a desarrollar enfermedades precisamente porque, al haber simulado que ya no había afectaciones al ambiente, hicieron que las personas siguieran conviviendo con estos altos niveles de contaminación y enfermaran de cáncer, daño renal, entonces, sí consideramos que en este caso del Río Sonora, no es una omisión ordinaria por parte de la autoridad, sino que también es un accionar en complicidad con la empresa para que siga imperando la impunidad a favor de este conglomerado metalúrgico que es Grupo México”, denuncia.
Arco Amarillo hace un llamado a las autoridades ambientes a que respondan a las exigencias de reparación del daño para las víctimas con acciones que se integren en un Plan de acciones concretas y desglosadas en un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que los Comités de Cuenca puedan exigir su cumplimiento.
“Yo considero que no existe ninguna justificación legal ni constitucional e incluso en el marco de tratados internacionales que México ya ha ratificado, para que continúen estas omisiones por parte de la autoridad y máxime, que estas autoridades ya reconocieron que el Estado mexicano fue cómplice y actuó en contubernio porque existe una gran complicidad entre la empresa y el Estado”, enfatiza.
La lucha para acceder a la justicia ambiental que encabezan los Comités de Cuenca del Río Sonora, anticipa, “está más viva que nunca”, en consecuencia, considera que la Semarnat, Profepa y Conagua, deben responder con un Plan de Remediación que incluya acciones calendarizadas, con respaldo presupuestal y con responsabilidad detalladas sobre la autoridad responsable de cada acción para remediar la calidad medioambiental y de salud en la cuenca.
ALGUNAS ACCIONES QUE EXIGEN VÍCTIMAS DEL DERRAME AL RÍO SONORA
Fuente: Defensa de los Comités de Cuenca del Río Sonora
- Plan de justicia ambiental con acciones concretas y asignación presupuestal
- Acciones de remediación calendarizadas y con indicadores de cumplimiento
- Atención médica especializada en toxicología
- Cobertura de tratamientos médicos para enfermedades crónicas como cáncer e insuficiencia renal que ya presentan algunas personas contaminadas con metales pesados
- Plantas de tratamiento de agua en los 37 pozos que sirven de abastecimiento a las localidades aledañas al Río Sonora.
- Publicación del Plan de Remediación en el Diario Oficial de la Federación
- Que el gobierno mexicano obligue a Grupo México a asumir el costo económico que representa la remediación para las víctimas.
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