Conflictos hídricos caracterizados por la confrontación entre actores que asumen el control del agua y excluyen a comunidades locales, o por la mala gestión, sobreexplotación o contaminación de este recurso, fueron el motivo principal del mayor número de agresiones contra defensores ambientales en 2025.
Ciudad de México. De las 135 agresiones contra defensores ambientales ocurridas en 2025 en México, 59 fueron por la defensa del agua, ubicando al sector hídrico como el de mayor riesgo para ejercer la defensa ambiental.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) presentó la edición número 12 del Informe Sobre la Situación de las Personas y Comunidades Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México 2025 en la que se evidencia que los defensores del agua fueron los más vulnerables a ataques.
Entre los defensores del agua víctimas de agresión está el caso de Karina Ruiz Ocampo quien defendía y exigía el derecho al agua en el fraccionamiento donde vivía en el municipio de El Arenal, Jalisco.
De acuerdo con el Informe del Cemda, ella era integrante y representante legal de la asociación vecinal La Cima Nuestra Prioridad quienes desde el 2012 presentaron desabastos considerables, teniendo acceso a agua solo 30 minutos al día.
Karina denunció en distintas ocasiones los adeudos millonarios de la constructora con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quienes suspendían el suministro de energía al pozo que suministraba agua al fraccionamiento de Karina. A partir de entonces, junto con la asociación vecinal, organizaron movilizaciones y transmisiones en redes sociales, haciendo llamados a las autoridades y denunciando a las empresas responsables.
El 23 de marzo de 2025, ella y otros vecinos participaron en una manifestación pública para exigir sus derechos. Aunque los hostigamientos por redes sociales eran algo común en su labor, las amenazas de muerte se volvieron reales, esa fue la última vez que Karina participó en un evento de activismo.
“El 14 de abril de 2025, personas no identificadas entraron a su casa, la sacaron a la fuerza y la desaparecieron hasta el 3 de mayo de 2025 cuando encontraron su cuerpo en la carretera. Con signos de exposición al sol y altos grados de descomposición, se tuvo que esperar a la identificación de su familia para constatar que era ella. Este caso se está estudiando como feminicidio”, reporta el Informe del Cemda.
Karina es solo una de las 135 víctimas de agresión que se registraron el año pasado.
Otros ámbitos que arrojaron el mayor número de agresiones son: la defensa del territorio con 41 ataques y del suelo con 32.
Los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión son la Ciudad de México con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17. La suma de los eventos ocurridos en estas entidades representa el 56.2 por ciento.
Pero el Cemda alertó que Jalisco arrojó datos alarmantes dado que registró 8 eventos de agresión y 17 agresiones específicas.
“En esta entidad tuvieron lugar 3 de las 10 agresiones letales y 1 de las 3 desapariciones documentadas” apunta el Informe
Al menos diez personas fueron asesinadas el año pasado por realizar la labor de proteger la tierra, el territorio y el patrimonio natural.
ES GOBIERNO EL PRINCIPAL AGRESOR
En sus distintos órdenes: federal, estatal o municipal, el gobierno mexicano es el principal agresor de los defensores ambientales, concluye el Informe del Cemda.
“Diversas autoridades federales, estatales y municipales, así como policías y fiscalías tuvieron participación en 76 de los 135 eventos de agresión documentados durante el año 2025”, detalla.
La delincuencia organizada se colocó como el segundo agresor con mayor número de registros, con participación en 13 eventos, seguida por las empresas privadas, que participaron en 12 hechos.
Sobresale que durante 2025 destacó el aumento de ataques en contra de integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, que en muchas ocasiones son agredidos con motivo de sus actividades de defensa y acompañamiento de casos de derechos humanos ambientales.
“Desde distintas autoridades del Estado se impulsa una narrativa encaminada a deslegitimar la labor de la sociedad civil, utilizando un discurso estigmatizante”, enfatiza el Informe.
Las agresiones, explica que se han producido tanto de forma física como virtual, incrementándose el uso de plataformas digitales creadas, no para brindar información, sino para ejercer violencia desde el anonimato, difamar y estigmatizar a organizaciones de la sociedad civil ya reconocidas por su labor de defensa, entre las que se incluye a Oceana, Greenpeace, Nuestro Futuro, Oxfam, Fundar y Cemda.
PREDOMINA IMPUNIDAD EN 90 POR CIENTO DE ATAQUES
En los ataques ocurridos contra defensores ambientales en el país hay un 90 por ciento de impunidad porque el Estado mexicano no sanciona las agresiones, denunció Gustavo Alanis Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
“Sí podemos decir que en más del 95 por ciento de los casos no pasa absolutamente nada. México, como parte del Acuerdo de Escazú en su artículo nueve que habla de los defensores ambientales, dice que El Estado mexicano tiene que prevenir, investigar y sancionar, los ataques, amenazas e intimidaciones que sufren los defensores, pero nada de esto sucede hoy en día. Estamos arriba del 90 por ciento en impunidad”, señaló en entrevista con Evlyn.Online
De acuerdo con el director ejecutivo del Cemda, en el país predomina una violencia estructural y generalizada.
“Lo que sí queda claro es que ha habido una desatención enorme por parte del Estado mexicano y es claro que se mantiene una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden los recursos naturales, la tierra y el territorio en México que es muy importante que el estado mexicano pueda garantizar el respeto y la protección a los defensores de derechos humanos ambientales”, recalcó.
Por lo anterior, enfatizó la importancia de que el Gobierno ejerza actos de autoridad para sancionar las agresiones contra defensores ambientales.
“Tiene que haber un cambio importante del Estado mexicano para que ejerza actos de autoridad y entonces sí: investigue, prevenga y sancione todo este tipo de situaciones. La segunda cosa, es que se prohíba toda práctica de estigmatización y difamación en contra de los colectivos, de las ong´s y de las comunidades defensoras”, urgió Alanis.
El Estado mexicano, agregó, debe asignar recursos financieros y humanos suficientes al sector ambiental y al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas para que puedan cumplir con sus competencias y atribuciones de manera adecuada en materia de medio ambiente y protección a personas defensoras.