Hay una obligación del Estado Mexicano de garantizar que los megaproyectos sean beneficiosos para las comunidades y no vayan en detrimento de los derechos humanos o les genere impactos ambientales negativos.
Ciudad de México. En el país urge regular la debida diligencia de derechos humanos para frenar la proliferación de megaproyectos que se instalan en los territorios sin previamente consultar a las comunidades aledañas o pueblos indígenas que se ven desplazados o sometidos a impactos ambientales, de salud y económicos, alerta Fernanda Hopenhaym Cabrera, codirectora ejecutiva de PODER Latam.
“México tiene una oportunidad clave de regular la debida diligencia en derechos humanos para que haya procesos preventivos y debería incorporar la consulta y el consentimiento previo libre e informado para prevenir impactos. Es mucho mejor prevenir que entrar en un proceso de conflictividad y luego tener que reparar cuando, además, sabemos los altos índices de impunidad que hay en este país, y que la reparación llega tarde, si es que llega”, enfatiza en entrevista con Evlyn.Online
Luego de leer el reportaje Rancho San Jorge: la ambición por el agua en Valle de Bravo publicado en www.evlyn.online , Hopenhaym enfatiza la importancia de que el Estado mexicano garantice el cumplimiento de cada una de las etapas que contempla la debida diligencia en derechos humanos.
Una debida diligencia en derechos humanos es un proceso continuo que las empresas o desarrolladores inmobiliarios tendrían que llevar a cabo previamente a la instalación de un megaproyecto en un territorio con el fin de identificar, prevenir y mitigar impactos adversos que vulneren los derechos humanos de las comunidades aledañas.
“Las empresas deberían de conducirse con una debida diligencia en derechos humanos y ambiental, es decir, hacer estos procesos de análisis de riesgo para las comunidades, para el ambiente y establecer estrategias de prevención de los posibles impactos, pero también de diálogo con las comunidades. Esto, abonaría a una construcción de confianza entre la empresa y las comunidades para evitar la conflictividad. Hacer procesos de debida diligencia previos a la construcción es clave porque, si no, pierde el carácter de previo. Es algo que no se puede reponer”, advierte.
Los proyectos de gran escala territorial, explica, se instalan en el territorio demandando grandes extensiones de terreno y un uso intensivo de los recursos naturales de la región, por ejemplo, agua.
“Históricamente han entrado a los territorios sin procesos de consulta o de diálogo. Estos proyectos suelen entrar sin esos procesos de acuerdo a los estándares internacionales y, por lo tanto, se instalan sin necesariamente tener el consentimiento de las comunidades. Y por otro lado, sí tienen un impacto porque ocupan grandes extensiones de terreno, porque traen personal foráneo que llegan y se instalan e incluso se dan procesos de urbanización alternos, y la demanda de recursos, por ejemplo, el acaparamiento de agua es muy común en un mega proyecto”, señala.
Al instalarse sobre el territorio sin previamente consultar a las comunidades aledañas o pueblos indígenas, los megaproyectos detonan impactos como: ruptura del tejido social, desplazamientos forzados, contaminación de suelo, aire y fuentes hídricas e incluso, contaminación sonora o aumento en la violencia, incluso de género o sexual porque, a veces, son empresas altamente masculinizadas.
Los megaproyectos también pueden detonar impactos en los derechos económicos, agrega, porque cambian la dinámica tradicional de fuentes de ingreso que las comunidades han tenido ancestralmente.
“A veces hay procesos de división en las comunidades por no estar de acuerdo o a favor del proyecto, pero hay quienes sí pueden estar a favor porque hay una promesa de mayor trabajo, o compra de sus terrenos y por otro lado, las personas que están en contra del proyecto porque están pensando más a largo plazo en los impactos que podría dejar ese proyecto por ejemplo, los ambientales o debilitamiento del tejido socio ambiental. Entonces también se genera una alta conflictividad”, enfatiza.
Para la codirectora ejecutiva de PODER Latam, tanto las empresas como el Estado mexicano tienen responsabilidad en garantizar que los megaproyectos no violen los derechos humanos de las comunidades aledañas.
Por un lado, dice, a las empresas no les favorecen los conflictos sociales porque impactan negativamente en su imagen y rentabilidad.
“Las propias empresas, a raíz de tantos años que hemos visto esta conflictividad, ya tienen ese aprendizaje de que realmente es más conveniente incluso para la propia sostenibilidad del negocio, tener una buena vinculación con las comunidades”, sostiene.
Por otro lado, añade, está el Estado que es el garante de los derechos de las comunidades y al mismo tiempo es el responsable de regular la actividad económica, entonces, en ambas funciones del Estado hay una obligación de garantizar que esta actividad económica sea beneficiosa.
“También desde el Estado se debería de regular estos procedimientos de consentimiento previo, libre e informado, y sobre todo regular esta debida diligencia en derechos humanos que ya mencionaba y allí es el Estado el que debe garantizar que las empresas cumplan con estos estándares y requisitos”, subraya.
Por su parte las comunidades, destaca que también han aprendido a organizarse para exigir ser escuchadas. A través de su derecho de acceso a la información y/o solicitando el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, promueven su participación en la toma de decisiones.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE MEGAPROYECTOS
VENTAJAS
Mejora de la infraestructura
Generación de Empleo
Aumento de la competitividad
Creciente derrama económica
DESVENTAJAS
Impactos ambientales negativos
Conflictos sociales
Desplazamiento forzado
Disrupción en el tejido social
Contaminación y daños a la salud
Aumento de desigualdad