Taladores derrumbaron decenas de árboles de pino para luego trasladarlos a centros de transformación de madera que operan de manera clandestina en la periferia de San Cristóbal de las Casas sin que hasta el momento, ninguna autoridad frene el tráfico ilegal de madera que opera con facturas apócrifas. Los pobladores urgen la intervención de Profepa y Semarnat.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un desmonte de decenas de árboles de pino que alcanzan alturas de entre 15 y 20 metros fue exhibido por pobladores de este Municipio que atribuyeron la deforestación a talamontes ilegales que operan en la zona sin que ninguna autoridad ambiental intervenga para frenar el tráfico de madera.

De acuerdo con la denuncia de los pobladores, se trata de decenas de árboles de pino con edades de entre 25 y 30 años que fueron derribados durante el fin de semana en un paraje localizado atrás del Parque Ecológico del Arcotete, a unos cinco kilómetros de San Cristóbal de las Casas.

La zona de desmonte quedó cubierta de los trozos de árboles de pino que fueron talados con maquinaria pesada y quedaron repartidos en el suelo a la espera de que sean transportados en vehículos a los centros de procesamiento y transformación de la madera.

Pie de foto: Desmonte de árboles de pino en San Cristóbal de las Casas. Crédito: Cortesía
Pie de foto: Desmonte de árboles de pino en San Cristóbal de las Casas. Crédito: Cortesía

 

“¿Dónde está la Semarnat, dónde está Profepa?, el 90 por ciento de la madera que se vende en Chiapas es clandestina y esta fotografía es de hoy pero bien puede ser de hace 10 o 15 o 20 años porque ese ha sido el modus operandi desde hace años aquí en el Estado: contactan al dueño que tiene la madera, la aserran y la venden en todas las madererías ilegales que hay en la periferia de San Cristóbal, de Comitán, de Tuxtla, y así ha sido siempre”, declaró un poblador a Evlyn.Online que por motivos de seguridad pidió el anonimato.

Representantes del sector forestal chiapaneco han denunciado que la tala ilegal se agudizó en los últimos años debido a la intervención del crimen organizado que intenta controlar el comercio ilegal de la madera que se extrae de los bosques y selvas de Chiapas para luego distribuirlo en el mercado nacional e internacional.

Pie de foto: Trozos de madera derribados por taladores ilegales. Crédito: Cortesía
Pie de foto: Trozos de madera derribados por taladores ilegales. Crédito: Cortesía

 

Pobladores de San Cristóbal de las Casas expusieron que en la periferia de este municipio operan al menos 50 aserraderos que se abastecen de madera clandestina para luego transformarla y colocarla en el mercado mediante facturas apócrifas.

“Aquí los forestales que sí respetan la ley ya no venden, ya no quieren vender la madera aquí porque les piden el cobro de piso y lo que están haciendo es irse a otros puntos de venta más concurridos como en Tuxtla donde ya muchos están reabriendo sus negocios allá”, denunció otro poblador.

De no frenar la tala ilegal que predomina en Chiapas, advierten pobladores, se continuarán deforestando las principales cuencas hídricas que abastecen a la entidad y se pondrá en riesgo no solo el recurso forestal sino también, la disponibilidad de agua.

Pie de foto: Trozos de la madera que extraen ilegalmente del bosque. Crédito: Cortesía
Pie de foto: Trozos de la madera que extraen ilegalmente del bosque. Crédito: Cortesía

 

“Es muy sencillo resolver el problema porque el problema no es que se tale, el problema es que no se responsabilice al dueño de que plante más árboles y los deje crecer hasta que se regenere el bosque o la selva y otra vez puedan cumplir un ciclo para que sean derribados. Si no se actúa, la cuenca del Grijalva y Usumacinta van a entrar en una situación de mucho estrés”, agregó un poblador de San Cristóbal de las Casas en entrevista con Evlyn.Online

Los pobladores de San Cristóbal de las Casas recordaron que la deforestación a causa de la tala ilegal es una de las principales amenazas que enfrenta el sector forestal mexicano debido a que cada vez permea más la presencia del crimen organizado en el control de los recursos maderables y hasta el momento, ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han revertido esta problemática que pone en riesgo el bienestar social de quienes dependen directamente de los bosques y selvas.

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