Ciudad de México. Ante el temor de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o empresas privadas les despojen sus tierras para privilegiar proyectos de electrificación, representantes de comunidades indígenas exigieron que en la iniciativa de reforma eléctrica se garantice la protección de sus derechos territoriales y se respalden sus proyectos comunitarios de energías renovables.
La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT, Oaxaca), la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske (Puebla), el Consejo Maseual Altepet Tajpianij (Puebla y Veracruz), la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP), el Consejo Estatal para el Rescate de los Pueblos Indígenas de Baja California (CERPI-BC), los Comuneros de Ciudad Ixtepec en Defensa del Territorio, el Consejo Maya del Poniente Chikin’ Já (Yucatán) y ejidatarios de varias comunidades de Yucatán (Sacalum, Ixil, San José Tibceh, Celestún, Kinchil), presentaron una propuesta de modificación a la iniciativa de reforma eléctrica que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la propuesta, las comunidades indígenas solicitan que en la iniciativa de reforma eléctrica se estipule la protección y el respeto de los derechos territoriales y colectivos tanto de las comunidades indígenas como de los núcleos agrarios, para evitar despojos por parte de CFE o de empresas privadas.
“La iniciativa de reforma constitucional, en su redacción actual, parte de un diagnóstico incompleto, según el cual todos los problemas se resolverán dando más poder a CFE. Desafortunadamente, muchos pueblos como el pueblo maseual de la sierra nororiental de Puebla hemos vivido violencia y criminalización por parte de CFE cuando defendemos nuestros territorios frente a sus proyectos.
La experiencia de los pueblos de Cuetzalan, Morelos, Nayarit y muchas otras regiones muestran la importancia de que la reforma (eléctrica) incluya de forma explícita la protección integral de las tierras indígenas y respeto al derecho colectivo a la propiedad territorial indígena y otros derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, y de ejidos y bienes comunales”, señaló en conferencia de prensa Ofelio Julián Hernández, de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y el Consejo Maseual Altepet.
En su propuesta, las comunidades indígenas también demandan que se reconozca el derecho que tienen a impulsar proyectos comunitarios de generación eléctrica con fuentes renovables.
Además, pidieron que en la iniciativa de reforma eléctrica se incluya explícitamente el derecho humano a la energía eléctrica y quede prohibida la práctica del fracking, una técnica que consiste en fracturar el subsuelo inyectando químicos disueltos en agua para extraer petróleo y gas.
Mario Castillo Quintero, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT, Oaxaca), consideró que el derecho humano a la energía eléctrica debe amparar a las comunidades empobrecidas y marginadas.
“Vemos cómo en nuestros territorios se utilizan intensivamente nuestros bienes naturales como agua, viento y tierra para generar, almacenar y transmitir energía eléctrica por empresas privadas y de CFE, sin ningún beneficio real para nosotros. Aunado a esta contradicción, existen pueblos y comunidades sin acceso a la energía eléctrica, ni un buen servicio de electricidad, o simplemente no pueden pagarla porque las tarifas son excesivas”, expresó.
Por su parte Beatriz Garrido Vallejos, de la comunidad maya de Ixil (Yucatán), destacó la importancia de combatir el cambio climático que golpea con especial dureza a comunidades indígenas, campesinas y pescadoras.
“El Presidente dijo hace unos días que el tema del cambio climático es una moda, y que lo que hay que hacer es luchar contra la desigualdad. Señor Presidente, el cambio climático y la destrucción de la naturaleza son una realidad. Las temporadas de seca son más largas, las lluvias, cuando llegan, son torrenciales y nos causan más daños.
En Ixil logramos parar en los tribunales el despojo de 5 mil 300 hectáreas de tierras en las que una empresa británica quería instalar dos megaproyectos eólicos. Pero sabemos que el cambio climático es real y que tenemos que encontrar alternativas para dejar de quemar petróleo, gas y carbón”, agregó Beatriz.
Las comunidades anunciaron que continúan recabando apoyos de autoridades tradicionales, asambleas agrarias, organizaciones indígenas, campesinas y urbanas para fortalecer su propuesta de modificación a la iniciativa de reforma eléctrica.