Ixtacamaxtitlán, Puebla. La resistencia en contra de la minería que desde 2015 mantiene el ejido Tecoltemi ubicado en este municipio, podría convertirse en un caso emblemático para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconozca la urgencia de modificar la Ley Minera para frenar las violaciones a los derechos sobre el territorio que tienen comunidades indígenas, pueblos y núcleos agrarios.
Será este 2 de febrero cuando la Primera Sala de la SCJN se pronuncie sobre el juicio que mantiene el ejido de Tecoltemi contra dos concesiones mineras otorgadas entre 2003 y 2009 por la Secretaría de Economía (SE) a la minera Gavilán (ahora minera Gorrión) filial de la canadiense Almadean Minerals, sin que los habitantes fueran informados ni consultados respecto a la explotación minera en su territorio.
“Esperamos que la Suprema Corte reconozca que en el caso de Tecoltemi hubo una violación al derecho a la consulta y al consentimiento de la comunidad nahua y que cancele las concesiones y también, esperamos que reconozca que los artículos 6, 15 y 19 en su fracción IV, V, VI y XII de la Ley Minera es inconstitucional e inconvencional por contravenir el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas y de la propiedad de los ejidos”, afirmó en entrevista con Evlyn.Online Itzel Silva Monrroy, abogada en el Programa Tierra y Territorio de Fundar Centro de Análisis e Investigación.
La abogada enfatizó que la resistencia del ejido Tecoltemi en contra de la minería es un caso emblemático y representativo de las violaciones a los derechos sobre el territorio que enfrentan otras comunidades.
“La Corte va resolver el caso de Tecoltemi pero Tecoltemi está representando a las comunidades de Ixtacamaxtitlán y todas las que se vieron afectadas por la Ley Minera. El reclamo no solo es de Tecoltemi sino de muchos otros pueblos que han venido denunciando la imposición de empresas mineras sobre su territorio y esperamos que la Suprema Corte tome esta oportunidad que se le está presentando para resolver a favor de los derechos de los pueblos”, agregó Itzel.
Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali que junto con Fundar acompaña la defensa legal del ejido Tecoltemi, señaló que las dos concesiones mineras otorgadas a la canadiense Almadean Minerals abarcan 14 mil hectáreas en una zona semiárida.
“Es una zona semiárida con bosque de táscate, es una zona con poca caída de lluvia entonces, es una preocupación muy fuerte el tema del agua. La Secretaría de Economía otorga concesiones mineras con la mano en la cintura, porque la Ley Minera lo permite, otorga concesiones por 50 años, prorrogables otros 50 años, es decir, entrega el territorio por 100 años”, apuntó.
La Ley Minera, continuó, se publicó en 1992 y actualmente ya es incongruente con la realidad del país porque da preferencia a la minería sobre el derecho al agua y al acceso a los territorios violando los derechos de los núcleos agrarios, de las comunidades y de los pueblos.
“La Suprema Corte no puede cerrar los ojos ante la realidad de lo que significan los impactos ambientales y sociales sobre la vida de pueblos indígenas y comunidades del país en relación a los proyectos mineros que se han desarrollado y que incluso están costándole la vida a los compañeros en el sur, por ejemplo, en Oaxaca”, recalcó Diana.
Por su parte las organizaciones integrantes de la Colectiva Cambiémosla Ya emitieron un pronunciamiento público mediante el cual llaman a los ministros de la SCJN a que reconozcan los impactos negativos que los proyectos mineros dejan en los territorios en los que se asientan y en las comunidades que los habitan.
“Está ampliamente demostrado que la actividad minera, regulada por la Ley Minera, afecta directamente los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas al territorio y al medio ambiente sano y termina mermando su subsistencia como pueblos indígenas. Es decir, que los proyectos mineros dejan graves impactos ambientales, hídricos y sociales, que comprometen gravemente los medios de vida de las comunidades.
Las ministras y ministros de la Primera Sala de la Corte tienen la oportunidad de atender el reclamo de cientos de pueblos y comunidades de todo el país que han denunciado que la Ley Minera socava su derecho a la libre determinación en sus territorios”, expresó la Colectiva.
Entre las organizaciones que integran la Colectiva Cambiémosla Ya están los Comités de Cuenca Río Sonora, el Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, el Movimiento Atzin, el Centro para la Biodiversidad Biológica, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), Fundar, CartoCrítica, Oxfam México, el Movimiento Morelense contra la Minería y PODER.
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