Chinicuila, Michoacán. Después de tres años de resistirse a ceder su territorio a la minería, la comunidad nahua de San Juan Huitzontla ganó un amparo para frenar la operación de 6 concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía (SE) a la minera Las Truchas de la empresa ArcelorMittal y a la unidad minera Las Encinas de la Siderúrgica Ternium.
Las concesiones mineras fueron otorgadas por la SE entre 2005 y 2007 para la extracción de diversos minerales, sin embargo, el pasado 21 de enero el Juez Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán concedió un amparo a la comunidad nahua de San Juan Huitzontla por considerar que se violó su derecho a la consulta libre, previa e informada.
El Juez Federal ordenó a la SE dejar suspender los títulos de concesión minera y realizar una consulta pública entre los integrantes de la comunidad para que sean ellos quienes determinen si aceptan o no los proyectos mineros en su territorio.
“Lo cierto es que el caso de Huitzontla nos muestra cómo la organización comunitaria de los pueblos indígenas que acuden ante el Poder Judicial puede ser una vía para frenar los efectos devastadores de megaproyectos extractivos que afectan los derechos de la tierra y el territorio”, destacó Melissa Zamora Vieyra, co-coordinadora del Área de Defensa Integral del Centro Prodh en entrevista con Evlyn.Online
Si bien es de celebrar que se frenen las concesiones mineras otorgadas para operación minera en San Juan Huitzontla, la experta legal reclamó que debieron ser canceladas en su totalidad dado que la consulta a la comunidad debió ser antes de cualquier otorgamiento de un título de concesión.
“En realidad, debieron cancelarse y una vez cancelados, entonces sí, hacer la consulta entre los miembros de la comunidad”, agregó.
La sentencia a favor San Juan Huitzontla fue emitida a unos días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice, el próximo 2 de febrero, el Amparo en Revisión 134/2021, presentado por la comunidad indígena de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla, acompañada por Fundar – Centro de Investigación y Análisis y el Consejo Tiyat Tlali. Este recurso busca que el máximo Tribunal no solamente cancele los títulos de concesión minera, sino que declare inconstitucional e inconvencional la ley minera por vulnerar los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas.
“El caso de San Juan Huitzontla muestra cómo las comunidades sufren la repercusión de no tener una ley minera que realmente proteja los derechos de los pueblos indígenas. Si bien acudir a la vía judicial es una vía a la que muchos pueblos han acudido, es una vía compleja que implica tener una representación y poderla sostener a lo largo de tres años. Este caso muestra la necesidad de que esté bien regulado el derecho a la tierra y al territorio de las comunidades indígenas y su derecho a la consulta”, subrayó Melissa.
Para recalcar el impacto negativo que genera la minería a gran escala para cientos de comunidades en el país y argumentar la incompatibilidad de la Ley Minera vigente con la Constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados por México, el Centro Prodh presentó ante la SCJN una Amicus Curiae que se refiere a una argumentación jurídica a partir de la experiencia acumulada en la lucha de San Juan Huitzontla en la defensa de sus derechos a la defensa del territorio.
“La decisión que tome la Suprema Corte el próximo miércoles puede repercutir en muchas comunidades indígenas y es indispensable que la Suprema Corte no solo conceda el amparo en cuanto a los títulos de concesión, sino que también declare la inconstitucionalidad de los artículos 10,15 y 19 de la ley minera”, apuntó.
Al tiempo que celebraron el triunfo que representa la suspensión de las concesiones mineras en el territorio de San Juan Huitzontla, el Centro Prodh y la comunidad se sumaron a las voces que demandan una revisión integral de la ley minera.
