A cuatro meses de que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México cateó el Rancho San Jorge en Valle de Bravo donde se encontró la construcción de diez presas ilegales, expertos en derecho ambiental y en consultoría social, demanda la aplicación de la ley y analizan las posibles vías en las que este desarrollo puede coexistir con las comunidades impactadas por las obras.
“Lo que está en juego es que se haga valer la ley”
Ciudad de México. El futuro del Rancho San Jorge en Valle de Bravo está determinado por si las autoridades garantizan, o no, el cumplimiento efectivo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) así como otras regulaciones específicas que contemplan sanciones para quien incumple las leyes ambientales y causa daños a los ecosistemas, a las comunidades y a la salud generando conflictos socioambientales, planteó Gustavo Alanís Ortega, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Después de leer el reportaje “Rancho San Jorge: la ambición por el agua en Valle de Bravo” , recordó que México cuenta con la LGEEPA que, en sus artículos del 28 al 35, establece un instrumento de política ambiental denominado Evaluación de Impacto Ambiental a través del cual, se obliga a los desarrolladores de proyectos a someterse a una evaluación para efectos de que la autoridad ambiental determine si el proyecto que pretender construir se puede realizar, si se hacer pero con condiciones, o bien, si no se puede realizar porque no es viable ambientalmente.
“En el caso que nos ocupa, y muchos otros que hay a nivel nacional, lo que empieza sucediendo de una manera muy mal es que ni siquiera se someten al procedimiento de impacto ambiental y lo importante, también decir aquí, como dice la misma Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su artículo 28, es que la autorización tiene que ser previa, al inicio de la obra, al inicio de la actividad. Es decir, tú no puedes llevar a cabo esta obra si no tienes el permiso correspondiente. Entonces, lo que está en juego aquí es que se haga valer la ley. Que haya legalidad y que haya estado de derecho y esto, nos toca a todos, pero por supuesto, le toca a la autoridad velar por el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental”, demandó.
Al no someter el proyecto de construcción del Rancho San Jorge a una evaluación de impacto ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el desarrollador también evitó consultar a las personas de la región.
“Estas personas de la región, por supuesto, no saben del proyecto porque no se sometió al procedimiento de impacto ambiental, no se publicó en un periódico de amplia circulación como dice la ley, que este proyecto se pretende llevar a cabo y a partir de allí, entonces, la gente tiene la oportunidad de pedir dos cosas: uno es la consulta pública en materia de impacto ambiental y la reunión pública como parte del procedimiento de impacto ambiental”, explicó Alanis.
El desarrollador del Rancho San Jorge, continuó, también incurrió en violaciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege los derechos de los pueblos y comunidades sobre la tierra, educación, salud, cultura, y les reconoce su derecho de participación en las decisiones que les afectan.
Otra violación, detalló, está en no tomar en cuenta la opinión técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para valorar si es o no viable el proyecto dentro del Área Natural Protegida de Valle de Bravo y garantizar el cumplimiento del Plan de Manejo.
Un elemento más que los desarrolladores o promotores del proyecto deberán acreditar es la autorización de cambio de uso de suelo forestal, en caso de que aplique en función a las obras construidas.
“Si los desarrolladores van a hacer un cambio de uso de suelo en terrenos forestales, tienen que tener la autorización respectiva. Entonces, es muy importante porque lo que nos encontramos muchas veces es que hay desmontes y esos desmontes, si no tienen los permisos o las autorizaciones, son ilegales. De acuerdo con el artículo 97 de la Ley Forestal, cuando suceden estas cosas, se deben de dejar pasar 20 años para que se pueda dar una autorización, estando ya la cobertura forestal regenerada”, destacó.
De acuerdo con Gustavo Alanis Ortega, las obras del Rancho San Jorge podrían incurrir en delitos ambientales como el que establece el artículo cuarto del Códino Penal Federal en el que se establece prisión para quien desmonte o dañe vegetación natural y a quien incurra en cambio de uso de suelo forestal de manera ilícita.
“Esto me parece que es algo muy serio, muy grave, y se tiene que verificar por parte de la Fiscalía porque es quien se encarga de llevar todo lo que tiene que ver con los delitos ambientales. En una situación como esta, lo que tendría que hacer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es que tendría que clausurar la obra, lo cual ya ha sucedido. Se tendría que elaborar un estudio de daños para saber exactamente ante qué estamos. Después se tiene que determinar quiénes son los responsables. Quiénes tienen la responsabilidad de haber llevado a cabo todo esto. Después se tendría que ordenar la reparación o la compensación por el daño que se está causando. Y la Profepa tendría que denunciar ante el ministerio público la posible comisión de delitos ambientales. Aquí está parte del entramado jurídico que proyectos como estos tienen que observar. Un tema adicional, está relacionado con el decreto del Área Natural Protegida y demás, lo que tiene que ver con no respetar especies de flora y fauna que puedan estar amenazadas o en peligro de extinción que están protegidas por la Norma 059 y están protegidas por un convenio internacional del cual México es parte y es el Convenio CITES”, sentenció.
En opinión del director del Cemda, el procedimiento de impacto ambiental no debería de verse como un trámite ante la autoridad ambiental, sino como un instrumento preventivo de política ambiental justamente para evitar daños y afectaciones ambientales y buscar, cuando se pueda, las medidas de prevención y las medidas de mitigación que puedan permitir que los proyectos se hagan y al mismo tiempo, compensen ambientalmente hablando.
“Veremos el actuar de la autoridad para efectos de que la ley se aplique de manera efectiva: ley forestal, ley de aguas, ley de vida silvestre, los reglamentos, los acuerdos internacionales y el procedimiento de impacto ambiental”, advirtió.
Las obras del Rancho San Jorge, recalcó, no es un asunto menor ya que por algo Valle de Bravo es un Área Natural Protegida y su valor ambiental no solo radica en el bosque, sino en todo lo que alberga en materia de fauna y biodiversidad, con el contraste que hay, por un lado, tener escasez de agua, y por el otro, tener 10 presas, cuando la gente no sabe ni de dónde sacar el agua.
Es importante, señaló, apelar también a la sensibilidad y a la humildad social de los promoventes porque nadie está en contra de que los proyectos se hagan pero que cumplan con la ley: la ambiental, la forestal, lo que diga el decreto y muchas cosas más.
“Los proyectos tienen que respetar la ley, tienen que respetar los derechos humanos de las personas que están alrededor y obviamente respetar esta riqueza natural, que legalmente está protegida. No se trata de que no se haga, de atacar por atacar, sino que desde el principio haya estado de derecho y que pueda haber una coexistencia de la gente que viva en estos lugares y la gente que vive en su alrededor. Pero no puede ser que por un lado tengamos 10 presas de agua y por el otro, no tengan un título de concesión cuando estamos hablando de un número importante de familias, al menos unas 150. Entonces me parece que tendríamos que apelar, además de la legalidad, a la sensibilidad social para con la gente, para con la comunidad y allí lograr una coexistencia adecuada”, planteó Alanis.
“Me asombró que nadie sabe qué van a construir”
El aseguramiento del “Rancho San Jorge” en Valle de Bravo evidencia una falta de comunicación de los tres órdenes de gobierno con las comunidades aledañas directamente impactas por este megadesarrollo, las cuales debieron ser tomadas en cuenta mediante un proceso de consulta pública y un estudio de impacto social, señaló Gustavo Alanis Ortega, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.z, abogado y director de Defensa Ambiental A.C.
Tras leer el reportaje de Rancho San Jorge: la ambición por el agua en Valle de Bravo el abogado consideró que este caso exhibe una serie de complicidades entre autoridades de los tres niveles de gobierno por permitir que la construcción avanzara sin autorización de impacto ambiental y sin informar a los vecinos de qué tipo de proyecto se trata.
“Lo que me asombró de tu reportaje es que nadie sabe qué van a construir allí. Yo creo que hay una falta de comunicación total de las autoridades de los tres niveles de gobierno hacia la comunidad porque para que se construya un proyecto de esas características en la zona, tiene que pasar por varias autorizaciones. Tiene que pasar por una autorización en materia de impacto ambiental y para que esto suceda, tiene que haber una consulta pública. Luego, por las características del proyecto tiene que haber una evaluación de impacto social para lo cual, allí, ya no hay una consulta pública, tiene que haber una participación ciudadana de información para que las personas de la localidad sepan qué se va a hacer y cómo va incidir ese proyecto en su comunidad. Entonces, creo que es un proyecto que tiene que pasar por varias instancias antes de que obtenga una licencia de construcción por parte del municipio”, explicó en entrevista con Evlyn.Online
El Rancho San Jorge, que comprende al menos 500 hectáreas, dijo, es un proyecto que mínimamente tuvo que contar con una manifestación de impacto ambiental y un estudio técnico justificativo del cambio de uso de suelo, ambas autorizaciones corren a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por diferentes direcciones institucionales.
Luego, por las características del proyecto, tuvo que haber un estudio de impacto social.
Para la construcción de las presas, dijo, también se requieren las autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En tanto, el municipio debió otorgar la licencia de construcción, pero la autoridad municipal es el último filtro.
“Si el municipio no te quiere dar una licencia de construcción, aunque traigas todo lo demás, no te lo da. No es creíble (que ninguna autoridad se dio cuenta), hay una serie de complicidades para que pueda pasar esto. Aquí lo correcto es que, si este proyecto no cumple con las autorizaciones y los estudios que marca la ley, lo procedente es que la autoridad mande destruir las obras ya hechas”, añadió.
El abogado calificó como “increíble” que la construcción del Rancho San Jorge avanzara sin ninguna intervención previa de las autoridades.
“Es increíble que con una propiedad de semejante tamaño pues pueda pasar esto, la verdad es que no me sorprende, pero es increíble que ya llevaban la construcción muy avanzada, sin que las autoridades hayan asomado las narices por allí, en teoría”, enfatizó.
Para el director de Defensa Ambiental A.C. lo más conveniente en este caso es que las autoridades propicien esquemas de participación ciudadana con los habitantes aledaños a este desarrollo y lleguen a un acuerdo o bien, se derrumben de las obras.
Incluso en los procedimientos de impacto social que ya establece la ley, explicó que ya se contempla un mecanismo de participación ciudadana justamente para que los vecinos, en torno al proyecto, puedan conocerlo, realizar manifestaciones y participar para que sepan cómo va impactar, qué recursos se van a ocupar, y todo esto queda asentando en los procedimientos de evaluación y la autoridad está obligada a atenderlos en su resolutivo.
“Desconozco cuál sería la mejor salida, tendría que haber reuniones de la comunidad con las autoridades y ver qué pueden lograr, pero, de entrada, lo correcto, es que se si se hicieron construcciones sin autorización y más que nada, si son proyectos que van a impactar de manera significativa en la región, lo correcto es que se derrumben, así como se derrumbó en el rancho de Duarte. A menos que llegaran a un acuerdo, tal vez si los dueños de esta propiedad, se regularizan, porque no estamos diciendo que esté prohibido, estamos diciendo que están construyendo sin documentos. Se presume que lo están haciendo de esta manera porque hacerlo por la vía legal les iban a tomar mucho tiempo y tenían la incertidumbre de que no se los iban a autorizar, pero si se regularizan, podrían llegar a un acuerdo con la comunidad. Tal vez, ceder un espacio, cederles una represa de estas”, agregó.
Precisamente por lo que implica la socialización de las obras, señaló que muchos desarrolladores evitan el procedimiento de impacto ambiental.
“Lo que suele pasar es que este procedimiento se lo brincan y de la noche a la mañana llegan y meten maquinaria y ahí les va el desarrollo y la gente se entera ya cuando están las máquinas encima y es una costumbre, y las autoridades son muy permisivas y luego tenemos ejemplos como el que tienes en las manos: osea están construyendo un desarrollo gigantesco, lo están aventando por partes y a pesar de que ya tienen toda la infraestructura hidráulica para el proyecto, ni quiera se sabe qué iban a plantar allí”, indicó.
De acuerdo con Arvizu Hernández, una forma de mejorar la evaluación de los proyectos es actualizando el procedimiento de impacto ambiental para hacerlo más ágil y transparente.
“A mi parecer, sí debería de actualizarse el procedimiento de evaluación de impacto ambiental para hacerlo más ágil, que fomente la inversión y a la par, que sea más transparente. También debe de ser más integral donde no necesites a un grupo de expertos para lograr un proyecto, sino que sea un mecanismo más ágil donde intervengan más autoridades y que sea el único trámite que contemple todo y que no tengas que estar presentando diferentes estudios ante diferentes instancias porque de lo contrario, la evaluación de los proyectos lleva tiempo”, planteó.
“Urge incorporar la debida diligencia en megaproyectos inmobiliarios”
Para evitar que casos como el Rancho San Jorge sigan ocurriendo en Valle de Bravo y en el resto del país, es urgente exigir el cumplimiento de la debida diligencia en los proyectos inmobiliarios, planteó Mónica Georgina Rovelo Traslosheros, directora de la Consultora Social Valor Sostenible A.C.
“Creo que debería de ser por ley, en este tipo de casos, hacer un procedimiento de debida diligencia, así como se lo piden ya a las minas, a las hidroeléctricas, a las plataformas petroleras, a todos los megaproyectos y estos son megaproyectos inmobiliarios. Antes de que sucedan este tipo de cosas, poner, quizá en el Registro Público de la Propiedad o probablemente en los municipios, que tengan como norma, que este tipo de proyectos deban de ejercer la debida diligencia que es un proceso continuo, cíclico, donde los compradores tienen que responder a los impactos negativos relacionados con sus operaciones, sus productos o sus servicios”, señaló en entrevista con Evlyn.Online
La debida diligencia ambiental y social es un proceso sistemático que las empresas utilizan para identificar, prevenir y mitigar los impactos negativos de sus operaciones y actividades en el medio ambiente y las comunidades. Implica evaluar los riesgos y oportunidades relacionados con aspectos como el uso de recursos naturales, la emisión de contaminantes, la gestión de residuos, los derechos humanos y las relaciones con las comunidades locales.
De acuerdo con la experta en consultoría social, una debida diligencia comprende cinco etapas fundamentales:
1) Identificar los riesgos
2) Evaluar los posibles impactos potenciales y reales asociados con las actividades del proyecto
3) Generar medidas de prevención y mitigación con la comunidad
4) Seguimiento y evaluación con la comunidad de las medidas que se están implementando
5) Informar sobre las medidas tomadas, los hallazgos y rendir cuentas a la comunidad
Luego de leer el reportaje Rancho San Jorge: la ambición por el agua en Valle de Bravo Mónica confesó sentirse impresionada por el impacto que tuvo este desarrollo entre las comunidades aledañas.
“Es impresionante de todo lo que me enteré a través de tu reportaje. Están viendo que hay dos comunidades y las dejan sin camino para comunicarse y también les destrozan el camino por meter la maquinaria. Ellos tendrían que haber respetado ese camino o generar una vía para no dejar incomunicadas a esas dos comunidades que aparentemente tienen vínculos muy estrechos desde hace muchísimo tiempo. Por otra parte, el agua es algo que es vital, sagrado, como dice don Berna. Pues sí, es sagrado para todos. Entonces le dicen: oye te voy a hacer otro tanque, pero ni siquiera ven que ese tanque requiere servicios eléctricos para funcionar con una bomba. Entonces, les dejan un tanque estéril. Tu reportaje me dejó una inquietud de que no estamos haciendo bien las cosas, lo que dice, por ejemplo, Antonio, efectivamente, hay mucha arrogancia en los poseedores de los dineros porque compran y piensan que ya no tienen ninguna responsabilidad con el entorno”, enfatizó.
Desde 2023, recordó que en el sector minero ya se exige el cumplimiento de una evaluación de impacto social antes de otorgarse una concesión. La minería, consideró, es un sector “arrogante y voraz” pero los desarrolladores se dan cuenta que tienen un retorno de la inversión social cuando cumplen con la evaluación porque evitan conflictos con las personas que se ven impactadas por sus operaciones mineras.
Los desarrolladores de proyectos mineros, explicó, tienen hasta dos años para cumplir con su evaluación de impacto social y ese mismo esquema podría implementarse en los desarrollos inmobiliarios como el Rancho San Jorge.
“Una debida diligencia es llegar a la comunidad, exponerles de qué va el proyecto antes de empezar a comprar tierras. Y decir claramente vamos a afectar este camino, ¿cómo lo podemos resolver?, hablar con la gente con la verdad, porque de verdad, es lo que más funciona. Independientemente de que esa zona haya estado deforestada, de todas maneras, el solo cercarlo, ya estás poniendo límite a las flores y a la fauna. Una debida diligencia no es un proceso único, es un proceso continuo porque los riesgos pueden ir cambiando. Ahorita son unos, a lo mejor cuando meta su criadero de caballos son otros, en fin, entonces yo creo que sería una buena herramienta porque sí está especificado para los megaproyectos, pero no especifica proyectos inmobiliarios”, agregó.
Mónica destacó que el Área Natural Protegida de Valle de Bravo es un ecosistema “muy sensible” que ofrece diversos servicios ambientales a la Ciudad de México y su zona conurbada pero también es impactada por otros desarrollos como los llamados “Ranchos Televisa” que colindan con Avándaro y también cuentan con grandes almacenamientos de agua de lluvia.
“Hay muchas cosas que se puede corregir si los dueños quieren hacerlo en este Rancho San Jorge, que no es el único, por allí hay unos ranchos que les llaman “Ranchos Televisa”, allí en Valle, uno de ellos tiene un lago donde se esquía. Está una colina atrás de Avándaro, pero también tiene captaciones de agua tan grandes como para poder esquiar”, denunció.
La debida diligencia, recalcó, juega un papel crucial para que un desarrollo sea sostenible en el largo plazo.
