Ciudad de México. La biodiversidad, los ecosistemas naturales, la diversidad de especies, recursos genéticos y servicios ambientales de un territorio donde se construyen obras federales consideradas de interés público y de seguridad nacional como el Tren Maya, el nuevo Aeropuerto de Santa Lucía o la Refinería de Dos Bocas, podría ser devastada con el decreto impuesto por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtieron expertos.
Además, anticiparon que el decreto publicado el 22 de noviembre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) es violatorio de la legislación ambiental y coloca a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en una posición “complaciente” para otorgar permisos, autorizaciones, dictámenes o licencias en un plazo récord de 5 días, sin evaluar los alcances de la devastación ambiental que podría derivar de una obra de infraestructura.
Daniel Basurto, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIAac), señaló que este decreto trastoca los principios de legalidad jurídica implicados en los procesos de evaluación de impacto ambiental.
“La legislación de impacto ambiental lo que busca es prevenir los impactos que se puedan causar derivado de una obra o una actividad y establecer los términos bajo los cuales ese proyecto va buscar ser menos impactante o menos rudo con el ecosistema o el medio ambiente. Pero con este decreto se está diciendo: haz lo que quieras, no me importa. Tú rompe árboles, has la biodiversidad como quieras. ¿Y luego cómo vas a resarcir los efectos?, eso es lo que no se está midiendo, eso es lo que no se está calculando. ¿Y luego quién va responder, el Presidente? No, dirá que es responsabilidad del promovente como hizo con las 200 hectáreas que talaron en Dos Bocas y sancionaron a la empresa proveedora de Pemex pero a Pemex ni siquiera lo tocaron cuando Pemex fue quien instruyó esa acción”, expresó en entrevista con Evlyn.Online
Serán las Dependencias del sector ambiental, dijo, las que enfrentarán la responsabilidad de otorgar autorizaciones en contradicción a lo que mandata la legislación ambiental respecto al procedimiento de impacto ambiental.
“Las Dependencias de la Semarnat como la Dirección de Impacto Ambiental, de Emisiones, de Residuos, de la Zona Federal Marítimo Terrestre, la Conagua, la ASEA y la Conanp van a estar involucradas en este decreto donde el gran perdedor es el sistema de derecho porque todo lo que yo estoy diciendo que se me autorice, se me tiene que autorizar porque yo lo digo, no porque siguió un procedimiento legal, no porque haya un acto de autoridad que establezca qué limitar y qué no limitar. ¿Qué van a sacar en cinco días?, nada porque, además, no son los mejores tiempos para las oficinas de Impacto y Riesgo Ambiental”, agregó.
El presidente de la AMIAac manifestó que al menos unos 40 consultores le han expresado su asombro e incertidumbre respecto al futuro del procedimiento de impacto ambiental que les demandan las obras o actividades de infraestructura.
“Hay un grupo de unos 40 consultores en la Academia que han expresado su inquietud porque no hay una entidad de Gobierno que les responda a los proyectos que son de turismo, de industria, inmobiliarios, de desarrollos comerciales. Hay un ambiente de sorpresa, de incertidumbre y de asombro por no creer que el Presidente haya llegado a ese extremo de ser tan voraz para tratar de proteger sus proyectos”, añadió Daniel.
Lucía Madrid Ramírez, especialista en el sector forestal y miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), enfatizó que este decreto aplicará a cientos de proyectos de obra en las que se pide a los funcionarios del sector ambiental que otorguen permisos contradiciendo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), a la Ley Forestal y a la Ley General de Vida Silvestre.
“No crean que este Decreto le aplica solo al Tren Maya, al Tren Transístmico y al Aeropuerto de Santa Lucía, se trata de cientos de proyectos del Gobierno Federal y que tratan, desde un trébol en una pequeña carretera que conecta a una comunidad con otra o hasta una línea de transmisión eléctrica”,
Por ejemplo, dijo, la Ley General de Vida Silvestre establece que no se podrá hacer ninguna obra que ponga en riesgo un ecosistema de manglar.
“En este ejemplo, automáticamente no te podrían autorizar la obra y esto sucede mucho en Puertos que afectan un manglar. Bueno, aquí (con el decreto) el Ejecutivo está diciendo: me la tienes que autorizar. Yo te mando que mis proyectos queden autorizados sin que tú funcionario público vigiles que se cumpla con la Ley Forestal, con la Ley de General de Vida Silvestre y con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, lo cual traería como consecuencia una serie de impactos ambientales que no se van a mitigar, no se van a compensar y no se cuida que se alineen a los ordenamientos ecológicos”, ejemplificó Lucía en entrevista con Evlyn.Online
De cumplirse este decreto, señaló que se deja en un estado de vulnerabilidad a las comunidades y al medio ambiente frente a los proyectos de infraestructura.
“Se deja en vulnerabilidad a las comunidades y a toda la sociedad ante los impactos ambientales que tienen los proyectos de infraestructura y como sociedad tenemos que tener una defensa para asegurarnos que esos impactos ambientales van a ser prevenidos, mitigados y compensados. ¿Y qué significa? Pues significa un retroceso institucional y mayor pérdida de ecosistemas, contaminación del agua, contaminación del aire, sin tener ninguna defensa o protección como sociedad para asegurarnos de que la degradación ambiental no siga creciendo”, agregó.
Jesús Enrique Pablo Dorantes, perito en impacto, contaminación de suelo y agua subterránea por el Colegio de Biólogos de México y miembro de la lista de peritos del Poder Judicial de la Federación, alertó que el decreto presidencial de López Obrador es una carta abierta para un desaseo del procedimiento de impacto ambiental cuya evaluación habitualmente toma un plazo de 60 días hábiles.
“No puedes obligar a una autoridad a que reduzca un plazo de 60 días hábiles a tan sólo 5 días y darles una carta abierta para hacer una obra no funciona. Se pierde la confiabilidad en México y se pierde el Estado de Derecho porque ¿de qué sirven nuestras leyes si no se van a respetar? y el primero que no las respeta es quien juró cumplir con la constitución”, recalcó.
El espíritu principal de la evaluación de impacto ambiental es que sea preventiva de tal manera que la variable medio ambiente ya esté integrada en el proyecto previo a la construcción de las obras o las acciones de infraestructura.
Cuando se otorgan autorizaciones de impacto ambiental de manera previa, dijo, las pérdidas pueden ser mayores, por ejemplo, explicó que en la construcción del Tren Transítsmico se detectó que los pasos de fauna tendrán un costo más elevado que el propio proyecto de infraestructura.
Otro caso, recordó, fue la autorización de construcción que se le dio al Aeropuerto de Santa Lucía sin prever una autorización de impacto ambiental que pudiera alertar a tiempo de que era una zona con alta presencia de fósiles de mamuts.
“Lo que pasó con este decreto fue echar a la basura todos los años que nos ha costado construir toda la gestión administrativa en el Gobierno no solo ambiental, también la de patrimonio histórico. La verdad es que no soy optimista en este tema pero quien tiene la batuta para impedir esto son las comunidades o las organizaciones ambientales. Ahorita necesitamos del Cemda, ahorita necesitamos de Acciones Colectivas de Sinaloa porque son las que pueden hacer algo para presentar un amparo”, expresó.
Pablo Dorantes lamentó que mientras a las obras del Gobierno Federal se les da carta abierta, la inversión privada padezca la incertidumbre en sus proyectos de inversión.