Ciudad de México. Felipe de Jesús Pinedo Hernández tomó el micrófono y frente a diputados contó que oponerse al proyecto minero “Peñasquito” en Mazapil, Zacatecas, le ha costado enfrentar el sometimiento de las autoridades, y ahora también del crimen organizado.
Este proyecto minero de la compañía Newmont-Goldcorp está constituido por dos minas a cielo abierto de las que extraen metales pesados como oro, plata, zinc y plomo, sin embargo, el activista acusó que con la llegada de la minera a su comunidad, en 2006, se acentuó el desabasto de agua, el deterioro ambiental, la desigualdad social, la confrontación entre pobladores de quienes apoyan y quienes reprueban la presencia de la compañía, así como la presencia del crimen organizado que tiene sometida a la población y que amenaza con desintegrar el movimiento social por medio del cual se oponen a la operación de “Peñasquito” en su territorio.
“Ahora nos someten por medio del crimen organizado. El crimen organizado llegó a la región de Mazapil y ellos son los que mandan, ellos son los que tienen las constructoras, son los que venden la cerveza, los que dan los permisos para los bautismos, para las bodas y si no te alineas, pues te alinean. A nuestros compañeros, todo este movimiento que ven aquí con las fotografías, pareciera que estamos desbordados con la organización, así estábamos, pero llegó la delincuencia, levantó a nuestros compañeros y con un soplete les quemó los pies a varios compañeros y nos desintegraron todo este proceso”, sostuvo Felipe frente a los legisladores.
El proyecto minero “Peñasquito” tiene una explotación autorizada por 30 años y se estima que sus reservas ascienden a 17.4 millones de onzas de oro; mil 46 millones de onzas de plata; 15 mil 534 millones de libras de zinc y 7 mil 62 millones de libras de plomo (Goldcorp, 2014).
Durante el foro “Las voces ignoradas: hablan las comunidades afectadas y amenazadas por proyectos mineros”, convocado por la colectiva Cambiémosla Ya, el activista pidió a los diputados cambiar la Ley Minera vigente que autoriza la instalación de un proyecto minero en cualquier territorio sin importar que se altere la vida de las comunidades.
“Con la minería llega la inseguridad, la drogadicción, la prostitución, las extorciones, los asesinatos, llegan cosas muy negativas para nuestras comunidades”, sentenció Felipe.
Al igual que Felipe, habitantes de otros pueblos donde hay presencia de minería, aprovecharon el foro para denunciar las amenazas que enfrentan por oponerse a los proyectos mineros y exhibir los daños ambientales que ocasiona la explotación de minerales a cielo abierto tales como la contaminación de agua y del territorio, así como impactos sociales como el desplazamiento forzado.
Nétzar Arreortúa Martínez, representante del pueblo indígena de San Mateo Capulalpam, Oaxaca, narró que su comunidad enfrenta la desaparición de 13 manantiales, ocupación ilegal del territorio, contaminación por las presas de jales y la desaparición de mantos acuíferos a consecuencia del proyecto de explotación de la Minera Natividad y Anexas S.A. de C.V.
La minera, dijo, opera de manera clandestina en la sierra Juárez de Capulalpam y sus actividades contaminan los ecosistemas comunales de las comunidades agrarias por ello, emprendieron una lucha para oponerse a la minera, pero hasta ahora, no ha prosperado.
“Esta comunidad que represento está en una lucha frontal en contra la minería, empezamos una lucha social y emprendimos una demanda a partir de 2005 desafortunadamente o afortunadamente como ustedes lo quieran entender, en octubre de 2019 salió una sentencia que nos favorecía pero qué tiempo nos duró el gusto, se ampara minera Natividad y se suspende el proceso y ellos nos suspenden a nosotros la actividad como comunidad pero minera Natividad siguió haciendo su explotación, vino la pandemia, nos encerraron a los humanos pero los saqueadores siguieron allí”, expuso Nétzar.
Oaxaca es un estado con vocación forestal, recalcó, pero las empresas mineras están al acecho de los recursos naturales pues de 2002 a 2016 se otorgaron 972 concesiones a proyectos mineros que se distribuyeron en 90 municipios.
“A pesar de seguir invadidos por concesiones mineras que el gobierno federal actual se negó a cancelar, no ha logrado entrar, ni entrará, una sola empresa minera a nuestro territorio comunitario. También les queremos decir que, a pesar de una nueva embestida del gobierno federal para establecer en la región el pago por servicios ambientales, con una clara orientación para pretender reactivar la imposición de reserva de la biósfera, manifestamos que no permitiremos ninguna reserva porque sabemos pone en riesgo nuestro territorio, más aún cuando ahora, de manera cínica y abierta, pretenden mandatar a que la Guardia Nacional se vuelva protectora del medio ambiente, cuando en sí misma no ha servido para proteger a nosotros como población”, advirtió.
Roberto de la Rosa narró que la fusión de la minera Tayahua con la compañía Frisco, propiedad del empresario Carlos Slim, provocó un desplazamiento forzado en la localidad de Salaverna que forma parte del municipio de Mazapil, Zacatecas.
Lo anterior, debido a que las empresas desarrollan un proyecto de explotación minera en su territorio y en consecuencia, han reubicado a los habitantes en otro poblado conocido como “Nuevo Salaverna”. De las 100 familias que habitaban en Salaverna, actualmente solo quedan cinco.
“En abril de 2012 se llevaron a las primeras 40 familias, las convencieron con mentiras, traían mucha gente. Primeramente, lo que hacen es desbaratar el tejido social, poniéndonos a unos contra otros. Cuando empiezan, llegan casa por casa, ¿qué le hace falta señor?, tiene refrigerador o si le hace falta nosotros se lo compramos. Allí nunca nos pidieron parecer del proyecto a mina a cielo abierto”, indicó.
Tomás Camacho, integrante de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale S.C.L, narró que el proyecto minería submarina “Don Diego” amenaza los ecosistemas marinos y la pesca en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
Ante los diputados, los representantes de las comunidades exigieron modificar la legislación que regula la actividad minera para restringirla a través de una reforma que garantice el respeto a su territorio y la protección a sus recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad.