Izamal, Yucatán. El pasado 18 de abril, el comisariado ejidal de la localidad maya Kimbilá convocó a una asamblea a las 11: 00 horas. En la convocatoria se propuso que se autorizara la expropiación de más de 6 mil metros cuadrados de las tierras de uso común y parte del territorio indígena, así como el cambio de uso de suelo ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la instalación de una estación del Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La convocatoria a la asamblea ejidal movilizó a más de 200 parcelarios, ejidatarios y pobladores de Kimbilá, quienes redactaron y firmaron un posicionamiento público en el que manifiestan su inconformidad ante la manera en la que las autoridades ejidales y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pretenden imponerles formas de decisión sobre el uso de la tierra y su territorio.
En la premura por obtener terrenos para apurar la construcción del Tren Maya, las autoridades federales han incurrido en lo que los parcelarios definieron como “malas prácticas” que violan los estándares internacionales de consulta a los pueblos indígenas conforme al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“No es posible que Fonatur pretenda realizar un trámite apresurado involucrando solo a una parte de la población, reduciendo las decisiones a las asambleas ejidales pues éstas no incluyen a toda la población maya y maya-hablante, a usufructuarios y a avecindados de Kimbilá. Por esto pedimos que se abra la discusión a la totalidad del pueblo de Kimbilá y sus distintas agrupaciones que se encuentran al interior del pueblo. Sabemos que Fonatur, violando los estándares internacionales de consulta ha realizado visitas con grupos cerrados de ejidatarios desde el 7 de enero de 2021, generando más confusión y más rumores entre los pobladores de Kimbilá sobre el Tren Maya”, denunciaron parcelarios, ejidatarios y pobladores en el pronunciamiento público.
Durante las asambleas regionales de 2019, refirieron que el anterior comisario ejidal de Kimbilá solo asistió a la fase informativa de noviembre y no a la fase consultiva, como quedó evidenciado en las listas de asistencia. Por ello, señalaron que no existe aprobación al Tren Maya en su territorio.
“Ninguna autoridad de Kimbilá participó y otorgó aprobación en el mal llamado proceso de consulta indígena y participación ciudadana realizada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y demás instituciones. Por tanto, ahora ante la intención de construir la totalidad o parcialidad de la estación del Tren Maya en tierras de Kimbilá, no puede considerarse la existencia de una aprobación previa, más porque en ningún momento nos han presentado ningún plano ni información de lo que quieren poner en las tierras que ahora amenazan con expropiarnos”, expusieron.
Los firmantes recalcaron que no aprueban ni rechazan el Tren Maya debido a que desconocen sus beneficios y perjuicios, pero enfatizaron que su pronunciamiento es para manifestar su rechazo a las formas en las que las autoridades ejidales y federales están llevando a cabo este proyecto.
Al ser Kimbilá un pueblo maya, recordaron que tienen derecho a participar en una consulta previa, libre e informada, de acuerdo a los estándares internacionales por ello, solicitaron a las autoridades federales que este proceso se lleve a cabo después de las elecciones del 5 de junio.
“La aprobación o rechazo de un proyecto depende de todo un proceso de diálogos y consensos libres, previos e informados con el pueblo en su totalidad. Hasta estos momentos, la información sobre el proyecto Tren Maya ha sido escasa e insuficiente en el pueblo de Kimbilá. Afirmamos que la población de Kimbalá no se encuentra informada sobre el proyecto en general ni sobre el caso específico de la construcción y demás proyectos que Fonatur y otras instancias pretenden realizar en Kimbalá”, agregaron.
De igual forma acusaron que la Procuraduría Agraria fue omisa ante la necesidad de actualizar el padrón ejidal, faltando a su deber de defender a los sujetos agrarios.
El pronunciamiento público firmado por más de 200 parcelarios, ejidatarios y pobladores de Kimbilá fue dirigido al Alto Comisionado de Derechos Humanos, a los Relatores sobre asuntos indígenas de la ONU y la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, el Instituto Nacional Electoral, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Agraria, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
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