La Secretaría de Economía concluyó que no es factible la actividad minera de la canadiense Almaden Minerals Ltd en la sierra norte de Puebla tras considerar las evaluaciones de impacto social y ambiental en las que se advierte una problemática socioambiental producto de procesos de minería que podrían afectar prácticas tradicionales y culturales, que generaría un impacto a la biodiversidad del lugar y contaminantes que afecten las tierras, ríos y mantos acuíferos por el traslado de partículas tóxicas, derivado de la explotación que se pretendía realizar.
Ciudad de México. Representantes del Ejido de Tecoltemi y de otras 20 comunidades de la sierra norte de Puebla urgieron al Poder Judicial a que emita la sentencia contra la Minera Gorrión, filial de la empresa canadiense Almaden Minerals Ltd, para obligarla a salir de la comunidad de Ixtacamaxtitlán luego de que la Secretaría de Economía (SE) declaró que no es factible la actividad minera en ese territorio.
“Queremos que el juez respete la decisión que tomó la Secretaría de Economía de quitar y no dar más concesiones a la Minera Gorrión. Minera Gorrión está mintiendo al decir que todos los ejidatarios estamos firmando un convenio con ellos, eso es una vil mentira, nosotros no hemos firmado yo soy comisariado de allá y no he autorizado ningún documento que ellos tengan para decir que todos estamos a favor de la mina”, exigió Viola Moreno, comisariada ejidal de la comunidad de Santa María Sotoltepec en conferencia de prensa.
Desde 2015 el Ejido de Tecoltemi en conjunto con otras comunidades de la sierra norte de Puebla mantiene una lucha por la defensa de su territorio en contra de los proyectos mineros por considerar que generan daños ambientales, violaciones a los derechos humanos y acaparamiento de los recursos naturales.
Apenas el 22 de febrero el Ejido de Tecoltemi fue notificado por la SE que declaró la no factibilidad de los proyectos mineros de la empresa Almaden Minerals Ltd y dado que ya no tiene concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, los ejidatarios consideraron que el Poder Judicial no debe retrasar la sentencia en contra de la minera.
“Se ha levantado un acta de asamblea ejidal declarando libre de minería su territorio, que se respete la decisión de las comunidades de no minería y también pedirle al Juez que lleva el caso de Tecoltemi tenga por cumplida la sentencia”, agregó Raymundo Romano, inspector de vigilancia de Tecoltemi.
Francisca Zamora, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa del Agua, la Vida y la Tierra Atcolhua, dijo que el proyecto minero ponía en riesgo los ríos de la región particularmente uno que nace en Santa María Sotoltepec y desemboca en Veracruz.
“La Secretaría de Economía ha dicho que no es factible el proyecto por todos los daños que ocasiona. Este proyecto minero que se pretendía poner allí en Santa María está abarcando más de 20 comunidades con el 90 por ciento de afectaciones”, acusó Francisca.
Diana Pérez, integrante del Consejo Tiyat Tlali, dijo que la SE declaró la factibilidad en base a evaluaciones de impacto social y ambiental que realizó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Maira Olivo, investigadora de Fundar, Centro de Investigación y Análisis, recordó que la SE determinó que no es factible otorgar los títulos de concesión a la minera por no ajustarse a la Ley y su Reglamento.
Jorge Peláez, integrante del colectivo Cambiémosla Ya, explicó que las comunidades enfrentan abusos de parte de las empresas mineras debido a la falta de un marco legal actualizado que regule esta actividad.
Actualmente el colectivo Cambiémosla Ya junto con Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Consejo Tiyat Tlali promueven una actualización de la Ley Minera para frenar la explotación desmedida de los recursos naturales y el territorio de las comunidades.