Hermosillo, Sonora. Siete años después del derrame de sulfato de cobre acidulado en la mina Buena Vista del Cobre, ni la Secretaría de Salud (SSA) ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han dado resultados sobre el daño que causó en la población el vertido de metales pesados en el Río Sonora.
Alicia Miranda Souffle, representante de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), denunció que tanto ella como los más de 20 mil afectados por el derrame no tienen certeza sobre su estado de salud a pesar de que a finales de 2021 la SSA nuevamente les practicó exámenes de sangre y orina.
“No sabemos cómo estamos de salud. A finales de 2021 vinieron a tomar unas muestras y no las han entregado todavía. Se supone que las van a entregar a finales de febrero, pero seguimos a la espera. Nosotros queremos saber si tenemos presencia de metales pesados en nuestro cuerpo porque es una gran incertidumbre no saber cómo estamos de salud”, afirmó en entrevista con Evlyn.Online
El pasado 20 de enero, integrantes de los CCRS se reunieron con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, así como con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
De acuerdo con Alicia, las autoridades presentaron en la reunión los resultados de las características físicas del agua del río Sonora, pero no el contenido de metales pesados.
“Los de IMTA y Conagua nos presentaron la condición física del agua, pero no dieron resultados sobre metales pesados y nosotros lo que queremos saber es si todavía tenemos metales pesados. María Luisa Albores solamente nos dijo que está muy interesada en resolver esto, pero solamente se hizo un cronograma para que en febrero nos den los resultados de las muestras que tomaron a finales de 2021 y también les pedimos que vengan todos juntos Semarnat, Cofepris, Conagua, el IMTA y Salud y que se coordinen porque nunca vienen todos juntos”, agregó.
Para la población afectada por el derrame de la minera es muy relevante conocer los niveles de la presencia de metales pesados en el agua debido a que en agosto de 2021, tanto la Conagua como el IMTA admitieron que superaban las normas mexicanas e internacionales en pozos como el de Tahuichopa, San José de Baviácora, La Labor, entre otros.
Además, durante el 2019, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) dio a conocer los resultados de los análisis en pozos de la cuenca del río Sonora, detectando que más del 90 por ciento de las fuentes de abastecimiento para consumo humano tienen niveles alarmantes de arsénico y plomo.
En agosto de 2014, la mina Buena Vista del Cobre ubicada en Cananea, Sonora y filial de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado que se derramaron en la cuenca del río Sonora y Bacanuchi hasta llegar a la presa El Molinito que abastece de agua a la ciudad de Hermosillo.
Alicia, originaria del municipio de Aconchi, tenía 14 años cuando ocurrió el derrame y siete años después de la emergencia ambiental, aquella imagen del río Sonora contaminado, la tiene muy presente.
“Al pasar de los años me doy cuenta que aparte de la contaminación que nos provocaron, se murieron vacas, caballos. Tú veías el agua naranja y los animales apenas sacando la cabeza. Era algo impactante”, recordó.
Como integrante de los CCRS, Alicia exigió a las autoridades federales que agilicen la entrega de resultados sobre el estado de salud de la población afectada por el derrame y que se cumplan los compromisos pendientes entre ellos, la operación de una clínica especializada en vigilancia epidemiológica.
Además, solicitó que se esclarezca qué pasó con los al menos 381 expedientes de salud que fueron almacenados en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Ambiental en Sonora y las autoridades dicen no encontrar.
“Queremos que cumplan con los compromisos pendientes. Sigue en obra negra la infraestructura de la clínica especializada, queremos que se reubiquen los pozos contaminados y que se encarguen del manejo de las 36 plantas potabilizadoras pero que tengan la capacidad de separar metales pesados”, demandó.
Finalmente, Alicia urgió a que el Plan de Justicia para Cananea sea presentado formalmente ante las y los ciudadanos del río Sonora.
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