El Plan Integral de Atención a Cananea y Programas para el Bienestar de AMLO fracasó en su intento por garantizar el acceso a la justicia a los afectados por el derrame en la mina BuenaVista del Cobre de Grupo México.
San José de Baviácora, Sonora. Han pasado diez años. Sí, una década después de que la mina Buena Vista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el Río Sonora, el agricultor ganadero José Manuel López García se sabe contaminado con metales pesados.
Su cuerpo, propio de un hombre de 45 años, funciona con sangre que arroja altos índices de plomo, cadmio, arsénico y manganeso. Un coctel de metales pesados que en la última década se acumularon en sus tejidos y órganos derivado de la contaminación a la que estuvo expuesto a consecuencia del peor desastre socioambiental ocurrido en el país por la actividad minera.
“A diez años del derrame en el Río Sonora, el agua de aquí sigue contaminada y también nuestros cuerpos y esto lo sabemos porque el Cenaprece y la Secretaría de Salud nos hicieron análisis de metales pesados en sangre y orina y allí salió lo que nosotros temíamos: que ya nuestros cuerpos están contaminados”, afirma en entrevista con Evlyn.Online
El 6 de agosto de 2014 la mina Buena Vista del Cobre, ubicada en el municipio de Cananea, derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado sobre el arroyo las Tinajas desde donde se dispersó a los ríos Sonora y Bacanuchi y continuó recorriendo ocho municipios hasta llegar a la presa el Molinito que abastece de agua a la ciudad de Hermosillo.
A medida que el sulfato de cobre acidulado corría sobre el caudal del arroyo, los ríos y la presa, iba contaminando el agua, el suelo, la flora y la fauna de ocho municipios: Cananea, Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi y Arizpe.
Hoy, diez años después, esa contaminación que inició con aquel derrame, ya está presente en el cuerpo de los habitantes de la cuenca del Río Sonora en la que habitan al menos 22 mil personas. José Manuel y su familia forman parte de esta estadística.
“Toda mi familia está afectada. Todos salimos contaminados con metales pesados. Mi esposa, mi hijo y yo, pero también mis papás, todos salimos con índices altos de metales pesados. De hecho, el 98 por ciento de las personas que se hicieron análisis salieron con metales pesados igual que nosotros”, revela.
En esta región, hasta hace 10 años, el Río Sonora desempeñaba un papel importante en sustentar la producción agrícola y ganadera de la población, pero también era un espacio natural de esparcimiento a donde las familias acudían a bañarse sobre todo en la temporada de calor cuando los días alcanzan temperaturas superiores a los 36 grados.
Las siembras de forrajes, los cultivos de hortalizas, cacahuate, maíz, pepino, chile y chiltepín, se perdieron en 2014 debido a la escasez de agua que causó el derrame ocasionado por la negligencia de Grupo México. Los animales también murieron porque todo el ecosistema del que se alimentaban se contaminó con la escorrentía de los metales pesados.
“Todos los pozos de agricultura se cerraron, no podíamos regar. Toda la siembra que teníamos se perdió porque no podíamos regar nuestros cultivos, los cultivos se echaron a perder. No hubo producción. Los que teníamos ganado en la milpa pues teníamos que acarrearles agua de la pipa para que el ganado pudiera tener acceso al agua. Eso fue como me afectó a mí, la pérdida de todo lo que teníamos para producción. Nosotros vivimos de lo que se cosecha en todo el año y en esa ocasión era la producción del verano, teníamos sembrados cacahuates, chiles y maíz”, narra José Manuel.
Frente a la tragedia, la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto creó el Fideicomiso Río Sonora que inicialmente contó con 2 mil millones de pesos para atender a los 22 mil afectados de la cuenca y se anunció un plan de remediación que incluía la instalación de un hospital, plantas potabilizadoras, un monitoreo permanente sobre el impacto de los metales en la salud de los habitantes y apoyos económicos para reactivar las actividades comerciales.
A este agricultor-ganadero le pagaron 10 mil pesos por hectárea perdida. A él se le contaminaron 10 hectáreas. El hospital nunca funcionó y las plantas potabilizadoras se quedaron incompletas en su operación.
“Diez mil pesos por hectárea no alcanzan para labrar la tierra con el tractor. No te alcanzan para preparar la tierra para la siembra, mucho menos para pagar la tierra ya en producción porque ya prácticamente estábamos a un mes para empezar a cosechar. De las plantas potabilizadoras solo se instalaron seis de las cuales una funcionó, pero intermitentemente. Actualmente hay una planta trabajando, pero no dura mucho porque no hay nadie quién la sostenga en el mantenimiento de filtros y de energía eléctrica. Y el hospital se quedó en obra negra, está abandonado. Se supone allí se iba a atender a la gente para ver cómo iba con los metales pesados en su cuerpo, pero no se hizo”, reclama.
El Gobierno Federal declaró extinto en 2017 el Fideicomiso Río Sonora.
Pero en 2020 una sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que se violó el derecho a la información y consulta de las comunidades afectadas durante el proceso de remediación ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solicitó a la empresa Grupo México ampliar sus medidas de remediación ya que la cuenca estaba contaminada.
Durante el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se anunció el Plan Integral de Atención a Cananea y Programas para el Bienestar a través del cual los habitantes de la cuenca tuvieron acceso a estudios médicos que les confirmaron que sus cuerpos están contaminados con metales pesados. Además, se elaboró un dictamen que confirma que la contaminación persiste en agua, suelo, sedimentos, flora, fauna y aire. Todo su entorno contaminado.
Este último dictamen devastó a los habitantes de esta región porque fue la confirmación de que toda la cuenca del Río Sonora afectada por el derrame se mantiene contaminada. Se trata de personas que viven con sus cuerpos contaminados de metales pesados, pero al mismo tiempo, su vida cotidiana está alterada porque también está contaminado su espacio, sus recursos naturales y se les niega el acceso a la salud para garantizar una vigilancia epidemiológica continua.
Todo esto ocasionado por una negligencia de la industria minera y de la que Grupo México no se hace responsable, por el contrario, la empresa está enfocada en ampliar sus ganancias y con el aval de las autoridades multiplicar su infraestructura.
“La empresa en 2015 consiguió un permiso para hacer una presa mucho más grande de la que tenían cuando fueron 40 mil metros cúbicos los derramados en aquel entonces. Con ese nuevo permiso la empresa construyó una nueva presa que tiene capacidad de almacenamiento 51 mil veces más grande que lo que se derramó en 2014. Va ser el cuerpo de agua más grande de todo México para el 2050 que van a llenar con puros metales y ácidos que ellos trabajan allí para sustraer sus metales”, acusa.
José Manuel tiene muy claro que la reparación total del daño ambiental que causó hace una década la mina Buena Vista del Cobre ocurrirá cuando cada uno de los afectados tenga acceso garantizado a agua potable y a una atención médica permanente a cargo de toxicólogos.
“Para mí la remediación total es tener acceso a una atención médica con toxicólogos para atendernos toda la población por todo lo ocasionado por el derrame y así poder saber cómo están nuestros cuerpos y qué es lo que nos está ocasionando la contaminación con metales pesados. También tener acceso a agua limpia pues. Que pongan sus plantas potabilizadoras para separar los metales y la población pueda tener acceso a agua limpia y esa es una de las cosas principales que pedimos y la no repetición. Que no se vuelva a repetir un derrame de este tipo”, agrega.
La no repetición de un desastre ambiental como el ocurrido en agosto de 2014 en la minera de Grupo México, es una exigencia en la que ni él ni sus vecinos están dispuestos a dar marcha atrás porque, dice, de ello dependerá que otras comunidades no queden en la indefensión frente a las empresas mineras.
“Nosotros no deberíamos estar haciendo el trabajo que estamos haciendo ahorita, para eso tenemos a las autoridades, para que velen por nuestros intereses, sobre todo la salud y también el medio ambiente porque necesitamos un medio ambiente sano ¿qué medio ambiente les vamos a dejar a nuestras siguientes generaciones?, la empresa dice que es totalmente responsable con el medio ambiente, pero ¿cuándo?, ¿dónde? cada vez se está haciendo más invasiva esa empresa porque ahora ya hasta empezó a perforar pozos río abajo por el lado de Bacoachi allí se perforaron pozos de la empresa y allí se estaba extrayendo el agua de abajo para arriba para procesar sus metales”, denuncia.
Cuando este agricultor ganadero rememora los últimos diez años de su vida, se llena de nostalgia porque encuentra señales de un acelerado deterioro en la salud de él, de su familia y de sus vecinos a consecuencia de la contaminación que llevan en la sangre por los metales pesados. También padece el impacto de los daños ambientales.
“Creo que todas las empresas que trabajan con químicos o que pueden contaminar el medio ambiente deben de ser totalmente responsables. Si alguna ocasiona un accidente como el que ocasionó Grupo México deben de hacerse responsables porque ellos son los que están ocasionando el desastre ambiental, ellos son los actores principales que deben de ponerle prioridad y en todo el país porque hay muchas empresas contaminantes en la actualidad”, exige.
Antes de despedirse, llama a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que les garantice el suministro de agua limpia en toda la cuenca del Río Sonora pues, está convencido de que mientras no tengan acceso hídrico potable, su salud siempre estará comprometida.
“NO HEMOS PODIDO LOGRAR QUE LA EMPRESA PAGUE”
El Gobierno encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto y el del Presidente Andrés Manuel López Obrador tienen algo en común: ninguno logró que Grupo México cumpla su obligación de remediar el desastre ambiental ocurrido el 6 de agosto de 2014 en la mina Buena Vista del Cobre.
La minera no ha cumplido con su responsabilidad ambiental a pesar de que en 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que el Fideicomiso Río Sonora no debió cerrarse y ordena nuevamente que se cumpla con la reparación a los afectados.
“No hemos podido, lograr a través de las comunidades y el acompañamiento, que la empresa pague. Y creo que ni la Semarnat ni tampoco la Profepa, han tenido la fuerza necesaria para empujar a través de los casos legales una exigencia fuerte que lleve a la empresa a pagar por los daños. La Suprema Corte declara que el fideicomiso no se debió haber cerrado y que se anulan los convenios en donde se cierra el fideicomiso, sin embargo, como muchas decisiones de la Corte, se quedó en consejos y no se ejecuta en la realidad. Estamos hablando de un fideicomiso abierto, pero en donde no hay fondos”, dice en entrevista Luis Andrés Franco Garza, coordinador de organización comunitaria en el Proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
PODER es la organización civil que durante diez años ha acompañado en su exigencia de reparación al daño a las comunidades afectadas por el derrame al Río Sonora.
Sin embargo, al evaluar cuáles han sido los avances en la reparación al daño, concluye que no hay nada relevante que destacar. Ni siquiera el Plan Integral de Atención a Cananea y Programas para el Bienestar implementado por López Obrador.
A menos de dos meses de que concluya el sexenio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presumió la semana pasada que trabajó en un diagnóstico que evidencia la contaminación en la cuenca del Río Sonora y anunció que se han rehabilitado seis plantas potabilizadoras fijas y que se construyen cuatro nuevas con apoyo de la Comisión Estatal del Agua en Sonora.
Pero Luis Andrés evidencia que este gobierno tampoco tuvo capacidad para garantizarles el acceso a la justicia a los más de 22 mil afectados por el derrame.
“Estamos al día de hoy sin avances significativos y con autoridades sin capacidad de poder hacer justicia. Estamos en agosto de 2024 y no hay una sola autoridad que se acerque a las comunidades a establecer diálogo y a proponer acciones de las que mínimamente se tienen que llevar a cabo para bloquear la contaminación desde diferentes vectores. En este proceso del Plan de Justicia mostraron todas las debilidades del gobierno federal: su falta de coordinación, su falta de voluntad política, sus conflictos internos. Venían sin haber platicado entre ellos, venían sin haber hecho compromisos dentro de sus oficinas para poder financiar proyectos y procesos y solamente venían a decirles a las comunidades que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasado. Funcionarios más humanos definitivamente que en otras administraciones, pero al final del día, funcionarios sin la capacidad de poder llevar a cabo acciones a favor de las comunidades”, reprocha.
El gobierno federal, enfatiza, tiene la obligación de hacer que la empresa pague y de vigilar la salud de las comunidades expuestas a daños por una contaminación bioacumulable de metales pesados.
“Este gobierno lo que hizo fue decir que no estaba de acuerdo con lo que había hecho la empresa, que la empresa tenía que pagar, pero esa no es la función del gobierno federal. Un gobierno federal fuerte tiene la obligación de obligar a la empresa a que pague”, plantea.
Un nuevo sexenio, a cargo de la primera Presidenta de México, Chaudia Sheinbaum Pardo, inicia con la misma: reparar el daño a todos los habitantes de la cuenca del Río Sonora.
“Lo que se espera de este siguiente gobierno es que tome las acciones prioritarias de infraestructura para poder atender al río sonora y posteriormente que demos seguimiento a los temas de diálogo para seguir seguir los procesos legales para crear un nuevo marco que no permita la repetición de este tipo de acciones”, exige.
Tras una década de aquel derrame de 40 mil metros de sulfato de cobre acidulado que transformó la vida de toda una región, Luis Andrés reflexiona sobre las lecciones aprendidas del que se considera el peor desastre ambiental.
“Una de las principales lecciones que nos deja a 10 días años el Río Sonora como un caso muy emblemático es que las empresas se tienen que vigilar. Estamos hablando de una empresa que está conectada a un sistema de cuencas, un sistema cultural, social, económico, político y que necesita la vigilancia de un Estado fuerte para poder garantizar el derecho a las poblaciones para poder vivir sanamente: su derecho a la salud, su derecho al agua, su derecho a un trabajo digno, porque la cantidad de derechos violentados puede seguir violentado desde la participación, la salud, el medio ambiente sano, al agua, a que las infancias puedan crecer en su medio ambiente sin ningún problema. Esta lección la tenemos que aprender a diez años, las empresas no se pueden regular por sí mismas sobre todo empresas que han demostrado una trayectoria de violación de derechos humanos. El caso del Río Sonora es uno de este conglomerado de empresas, pero no podemos seguir haciendo como que las cosas no pasan. De nada nos sirve un Estado que opina, necesitamos un Estado que accione. Esta es una enseñanza que nos dejan estos dos sexenios en donde no se ha hecho una sola acción significativa en términos de estructura y que tendría que hacerse para que se transforme. También tenemos que voltear a ver cómo podemos fortalecer el marco legal para que las empresas no puedan colocar sus influencias por encima del bienestar de la población”, apunta.
Luis Andrés está convencido de que los niveles de contaminación por metales pesados que tiene la población aledaña al Río Sonora deberían de ser suficiente para alarmar a las autoridades, sin embargo, lamenta que hasta el día de hoy no haya justicia para los afectados.
AL DETALLE:
Fuente: Semarnat
Fecha del derrame: 6 de agosto de 2014
Se derramaron: 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado
Se contaminó: El derrame alcanzó al río Bacanuchi y posteriormente al Río Sonora, que alimenta a la presa “El Molinito” la cual abastece a la ciudad de Hermosillo. Lo anterior implicó una zona potencialmente afectada de 271.6 kilómetros lineales del cauce del río.
Durante la emergencia: se cerraron 322 pozos y norias localizadas a una distancia menor de 500 metros de la margen del río por precaución, para evitar el posible consumo de agua contaminada. Esta medida trajo un impacto a la actividad económica de la región.
Una década después: Persiste la contaminación en la cuenca y la población ya presenta daños en la salud a consecuencia de la bioacumulación de metales pesados en la sangre. Mientras tanto Grupo México se niega a cumplir con la reparación ambiental y proyecta una expansión de sus actividades mineras en la región.